La Justicia investiga irregularidades en los planes sociales y complica a Pérsico
El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó en Comodoro Py una denuncia penal sobre las irregularidades detectadas por el ministerio de Desarrollo Social en el cobro del programa Potenciar Trabajo, que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, a través de la secretaría de Economía Social.
Marijuan pidió que se investigue lo que se supone una multimillonaria defraudación al Estado y que abarca a cientos de miles de personas que no deberían cobrar ese beneficio. Ese universo abarca desde personas fallecidas a otras que cobran planes a pesar de ser dueños de aeronaves o autos cero kilómetro, comprar dólares o tener locales comerciales y hasta campos.
Unos 253.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían haber cobrado los $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan.
La denuncia ahora está en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien como primer paso deberá darle vista a otro fiscal y, llegado el caso, ordenar la suspensión de todos los planes sociales cuestionados, además de evaluar si ordena un reempadronamiento de los beneficiarios para evitar la comisión de nuevas defraudaciones al Estado.
La irregularidad surge a partir de un informe solicitado el 30 de junio pasado a la AFIP por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. Según pudo saber LPO, el ex ministro de Desarrollo Social venía conversando con Pérsico sobre este tipo de irregularidades en la distribución de los planes. "O peinamos nosotros el listado de planes o lo va a peinar Marijuán", le dijo Zabaleta a Pérsico meses atrás.
El ente recaudador entrecruzó los registros de beneficiarios del Potenciar Trabajo de casi 1,4 millón de personas con la información de los contribuyentes y detectó inconsistencias en un porcentaje elevadísimo.
En el informe se enumeran incompatibilidades severas que incluyen la compra de dólares y el pago del impuesto a los Bienes Personales, dos incompatibilidades manifiestas con el programa que reciben 1.350.000 personas.
Días antes, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 728 que impide dar nuevas altas del Potenciar Trabajo.
En julio, después de fuertes críticas que Cristina Kirchner lanzara a los movimientos sociales por el manejo de los planes, el gobierno avanzó con una auditoría. La idea era supervisar los 1.300.000 de planes sociales y al frente de eso estarían las universidades. Finalmente, tras la salida de Zabaleta y la llegada de Victoria Tolosa Paz al ministerio, esa auditoría no se llevó a cabo, pero sí avanzó la investigación de la Afip.
En el acto de la UOM en Pilar Cristina Kirchner volvió a apuntar contra las organizaciones sociales del oficialismo por su cercanía al gobierno de Mauricio Macri. "Algunos movimientos sociales, tal vez los más importantes, no veían tan mal las ayudas que recibían", dijo.
En tanto, Tolosa Paz, quien ya tuvo algunos roces con Pérsico, se expresó en la misma línea. "Queremos poner un tope a la ampliación real del Potenciar Trabajo. Vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que se producen mes a mes puedan redistribuirse con el acceso a maquinaria", dijo.