Los transportistas vuelven a la huelga y el Gobierno se enfrenta al primer conflicto laboral por la inflación
"Salario o conflicto". Esa fue la consigna con la que CCOO y UGT se movilizaron la semana pasada en Madrid para exigir un aumento generalizado en las nóminas que compense la inédita pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores producto de la "asfixiante inflación".
Los grandes sindicatos mantienen, por ahora, la amenaza y no han roto ningún puente de negociación, ni con el Gobierno ni con la patronal. No así la Plataforma en Defensa del Transporte, la combativa agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas que en marzo paralizó la industria y el comercio con una huelga que puso en apuros a Moncloa.
Este colectivo, liderado por Manuel Hernández, un camionero youtuber que pretende lidera a los "chalecos amarillos" españoles, anunció este lunes un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del próximo domingo.
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La medida de fuerza, respaldada por las bases de esta plataforma, es en protesta al no cumpliento del Real Decreto-Ley 14/2022, que el Gobierno aprobó en agosto, que, a grandes rasgos, prohíbe pagar al conductor por debajo del coste que asume.
Hernández dijo que por esta situación, por el aumento de costes que "no puede ser absorbidos" entre 200 y 250 empresas de transporte cierran cada mes. "No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales", señaló. Y advirtió que "la Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir".
A su entender, los "pequeños desajustes" (como calificó el Gobierno al incumplimiento de la normativa aprobada para mejorar la competitividad del sector) "son muertes laborales". Por eso, instó a agricultores y ganaderos a que se unan a la convocatoria.
En caso de no lograr desactivar la huelga, el Gobierno se enfrentará al primer gran conflicto social en este contexto de crisis energética y económica. El temor es que la protesta se radicalice y se extienda a otros sectores que también están con la soga en el cuello por al aumento de costes de producción.
La posibilidad de un "otoño caliente" -parafraseando al "verano caliente" que vivió el Reino Unido con huelgas masivas- es una de las mayores preocupaciones de Moncloa.
Por eso, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, salió al cruce del anuncio de los transportistas y pidió "responsabilidad" al sector. Aclaró que un paro indefinido "no va a beneficiar a nadie".
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La funcionaria se comprometió a "reforzar los mecanismos de inspección" para que estos profesionales no trabajen a pérdidas, pero pidió que "se deje trabajar a aquellos transportistas que así lo desean, y que cualquier movilización de produzca en un entorno pacífico".
"Pido responsabilidad, el sector lo ha pasado y sigue pasándolo mal, pero el Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos. Ahora estamos en los primeros meses de la aplicación de esta nueva normativa (la de no trabajar por debajo de costes), por lo que hay que reforzar los mecanismos para que mejoren las inspecciones, pero la situación es ahora muy diferente y han mejorado mucho sus condiciones de trabajo, por lo que no tendría sentido un nuevo paro. En estos momentos que estamos viviendo no nos lo podemos permitir", resumió.
El Gobierno cuenta con un aliado no menor en este conflicto: la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor agrupación de empresas de transporte del país. Esta organización rechaza la huelga y pide que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen "con la contundencia y firmeza necesaria" para permitir que el sector garantice el suministro a la población.
Los representes de CETM solicitaron a los convocantes del paro indefinido que no sigan adelante, al entender que "solo perjudicará al sector y al conjunto de la sociedad española". Y si bien reconocen que queda mucho por hacer, como limitar la subcontratación, "no se puede pretender que de la noche a la mañana y bajo una amenaza de paro, el resultado sea el oportuno".