Diputados

Juntos toma el guante de Cristina y promueve leyes para reemplazar planes sociales por empleo

Hay proyectos de diputados del PRO y de Emilio Monzó. Grabois insiste en un salario básico universal y tiene respaldo del kirchnerismo.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron proyectos de ley para sustituir los planes sociales por empleo, como reclamó Cristina Kirchner en su acto de este lunes con la CTA.

Este miércoles anunció uno Emilio Monzó y la semana pasada, antes del discurso de la vicepresidenta, un grupo de diputados del PRO liderados por el santafesino José Núñez había presentado una iniciativa similar.

Sin embargo, no hay propuestas en ese sentido de legisladores kirchneristas, que hace un mes respaldaron un proyecto del diputado Itaí Hagman para crear un salario básico universal.

Consiste en un aporte a 9 millones de personas, que incluye a desocupados, trabajadores informales y pequeños contribuyentes y el monto será el equivalente a una canasta básica alimentaria.

Hagman responde a Juan Grabois, el líder de la CTEP, uno de los primeros en defenderse de las críticas de Cristina a la intermediación de las organizaciones sociales en el reparto de la ayuda estatal.

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"La economía popular está donde el Estado sólo llega en patrullero y el mercado con descarte", señaló el dirigente.

Hagman fue estos años un fiel seguidor de Máximo Kirchner y uno de los primeros en respaldarlo cuando abandonó la presidencia del bloque oficialista.

A su presentación de la ley del salario básico universal asistió Juliana Di Tullio, jefa del bloque unidad ciudadana del Senado, de diálogo cotidiano con Cristina.

La protección social en nuestro país es una de las más importantes de la región y, sin embargo, ha demostrado ser insuficiente para resolver el problema de la pobreza. 

Pero la vice nunca se pronunció públicamente a favor y sí cuestionó los planes sociales que administran dirigentes como Grabois.

En la Rosada creen que dejaría pasar si prospera, pero esa opción es por ahora remota, porque en Diputados la oposición domina el recinto.

La presión por los planes sociales atraviesa a todas las fuerzas políticas porque se trata de una de las mayores erogaciones del presupuesto y su administración será esencial para sostener las metas fiscales comprometidas con el FMI.

En su proyecto, Monzó propone 24 meses con reducción del 100 por ciento de aportes patronales para las PYMES y 12 meses que los beneficiarios continúan cobrando el plan, que equivale a medio salario mínimo, vital y móvil.

Itaí Hagman. 

Contempla además que el Ministerio de trabajo lleve a cabo planes de capacitación laboral.

"La protección social en nuestro país es una de las más importantes de la región y, sin embargo, ha demostrado ser insuficiente para resolver el problema de la pobreza", se lamentó Monzó.

Destacó que el plan "Potenciar Trabajo" tiene más de 1.200.000 titulares activos, pero, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, apenas el 2 % de esos beneficiarios pudieron acceder al régimen de ingreso protegido al empleo.

Sus compañeros del PRO proponen unificar los planes en un "plan federal de capacitación para la empleabilidad", para lograr la inserción laboral de los beneficiarios.

"Estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo", dijo Núñez, en un comunicado difundido varios días antes del acto de Cristina en la CTA.

El programa obliga a los beneficiarios de los planes a participar de una capacitación de hasta 20 horas semanales. Duraría 2 años y una vez finalizada dejaría de recibir el plan, por lo que tendría que tener trabajo.

El Estado lo ayudaría en la búsqueda a través de un registro de empresas para pasantías laborales. Se les permitiría pagar sólo el seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonaría por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.