Fallo de la Corte a medida de la Casa Blanca instala idea de "mano dura" contra la inmigración ilegal
La administración Biden logró un triunfo en la Corte Suprema de Justicia contra un pedido de los distintos grupos de inmigrantes ilegales. El máximo tribunal falló que los inmigrantes no pueden ser liberados a pesar de estar detenidos más de seis meses y tampoco pueden impugnar órdenes para ser deportados. De hecho, según la resolución de los miembros de la Corte, no tienen derecho a una audiencia de fianza mediante la cual podrían argumentar a favor de su libertad sin importar cuánto tiempo lleven detenidos.
Así, el gobierno demócrata choca otra vez contra los grupos más críticos que defienden a los inmigrantes y que acusan a Biden de no haber modificado absolutamente en nada la política que traía el trumpismo con el grave problema de la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, la Casa Blanca busca retomar protagonismo sobre un tema que preocupa a los votantes de cara a las elecciones.
La crisis migratoria fue uno de los puntos fuertes de la IX Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles. Biden se refirió a ella en el discurso inaugural al catalogar a la migración ilegal como "inaceptable" e instó a todos los países de la región a comprometerse para frenar la crisis.
De hecho, Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina, fue más enfático. "La frontera está cerrada, no se arriesguen. Lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos", aseguró.
Incluso, se logró que la "Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección" fuera firmada por veinte naciones sellando así las conclusiones de una cumbre marcada por polémicas.
Sea como fuere, la decisión de la Corte le cae como anillo al dedo a la Casa Blanca. En los últimos años, la Corte Suprema ha adoptado una visión cada vez más limitada sobre el acceso de los inmigrantes al sistema judicial federal de acuerdo con medidas para manejar la inmigración promulgadas en las décadas de 1990 y 2000.
Ahora, los inmigrantes que demandaron para tener una audiencia de fianza enfrentan la posibilidad de ser detenidos durante muchos meses, incluso años, antes de que se resuelvan sus casos. La Corte falló en los casos de personas de México y El Salvador que convencieron a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de que sus temores son creíbles, lo que les da derecho a una nueva revisión.
Kamala Harris, en la frontera con México
Los inmigrantes buscan frente al juez tramitar una "suspensión de expulsión", un procedimiento que puede durar meses o a veces años, advierten abogados de los inmigrantes. "Entonces, la pregunta es cuánto tiempo pueden permanecer encerrados sin una audiencia de fianza mientras pasan por ese proceso", cuestionó Matt Adams, director legal Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) a la agencia Efe.
Por su parte, Michael Kaufman, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SOCAL) dijo que "no existe un principio de debido proceso más fundamental que el de que el gobierno no puede encerrar a alguien durante meses o años sin una audiencia".
Distintas organizaciones vienen acusando a Biden por el tratamiento con los inmigrantes. Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas, dice que decenas de miles de personas viven en una dolorosa incertidumbre en la frontera entre EE.UU. y México, y la respuesta de los demócratas es detener y deportar en masa y acelerar las solicitudes de asilo de las personas a través de una nueva regla de asilo.
"¿Dónde está el compromiso de los EE.UU. en defender el debido proceso para los solicitantes de asilo a través de procedimientos justos, y de proteger a quienes huyen de la violencia y los desastres del cambio climático? Ese compromiso no está aquí"", aseguró a través de un comunicado.