Alberto se aseguró el control de la comisión de juicio político
Alberto Fernández se garantizó su blindaje y el de sus ministros con la presidencia de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, en la que fue elegida la entrerriana Carolina Gaillard.
Gaillard se convirtió en una confidente del presidente desde que su jefe político, el gobernador Gustavo Bordet, lo respaldó en su enfrentamiento con Cristina Kirchner después de las primarias.
En la sesión constitutiva del martes Gaillard llegó tarde porque había sido invitada al acto por la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. También recibió la citación su coterráneo y diputado Marcelo Casaretto, quien no pudo ir porque tenía que presidir la comisión de Industria, otra de las claves para la Rosada.
La presidencia de la comisión Juicio Político tiene una misión: que no se reúna nunca y no se debatan los pedidos para llevar al banquillo a ministros o al propio presidente.
Hay uno histórico de la Coalición Cívica al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, presentado por Elia Carrió en tiempos de diputada y replicado por sus herederos. Para seguirlo de cerca, Lilita logró que el presidente de su bloque, Juan López, sea el vice de la comisión.
Hay otros pedidos recientes a tres ministros: Santiago Cafiero, Eduardo De Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta. Al primero lo acusó Waldo Wolff, del Pro, por haber permitido que el embajador en Nicaragua Daniel Capitanich participara de un acto junto a un iraní acusado por la voladora de la Amia.
Gerardo Miman, también del PRO, acusa a De Pedro y Gómez Alcorta por haber visitado a la dirigente Milagro Sala en su detención de Jujuy.
El jefe de la UCR Mario Negri anunció un próximo pedido de juicio político al presidente por festejar el cumpleaños de su pareja en Olivos durante la pandemia y pagar una indemnización al juez para salir absuelto.
Ninguno de estos trámites se tratará si Gaillard no convoca a la comisión. De hacerlo, un dictamen tiene poco valor si en el recinto no están los dos tercios para aprobar la acusación y enviarla al Senado para el juicio.
Por si acaso, la secretaria de la comisión, el segundo cargo en el oficialismo, es Victoria Tolosa Paz, otra incondicional de Alberto.
Las 46 comisiones terminarán de constituirse la semana siguiente. El martes Ramiro Gutiérrez, cercano a Sergio Massa, se quedará con la presidencia de la Comisión de Legislación Penal.
Gutiérrez es un experto en la materia que diseñó muchas de las leyes de mano dura que promovió Massa y chocan con el kirchnerismo.
A Máximo Kirchner le quedó en el reparto la estratégica comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, encargada de definir las reglas de juego del Congreso.
Asumió como presidenta Paula Pennaca, quien mantiene el cargo de secretaria parlamentaria del bloque oficialista, que asumió cuando Máximo era jefe. Es quien tiene la tarea de juntar los votos en casa sesión. Nada menos.
Ramiro Gutiérrez.
La oposición se quedó con varias presidencias de comisiones de control, como la de defensa de consumidor, que fue para el radical Víctor Romero. Deberá recibir reclamos por aumentos de tarifas.
Otra comisión de la oposición que está haciendo ruido es la de Intereses Marítimos y fluviales. Fue para Mariana Zuvic, de la Colación Cívica, quien la convocó para denostar el proyecto de Graciela Camaño que crea una área protegida en la zona del mar en que se hundió el submarino Ara San Juan. Arrastró a todo su interbloque a un rechazo que arriesga la aprobación de la ley.
El martes se conformarán las comisiones de defensa, transporte, energía y minería. Restan definir los lugares en las bicamerales, algunas troncales como la de trámite legislativo, que trata los decretos y no debería dejar de funcionar nunca. Pero desde el 10 de diciembre que no está ni conformada.
Tampoco están elegidos los de la bicameral de fiscalización y control de la deuda, que tiene pendiente la investigar la fuga de capitales y según Juan Grabois, consiguió un registro con las cuentas creada sen el exterior con fondos no declarados.
Sólo se puede mostrar si se levanta el secreto bancario, como propone una ley del senador Oscar Parrilli, que nunca se trato. El Banco Central pidió cajonearla.