¿Por qué el CNI espió al independentismo? Nexos con Putin y temor a una violenta desobediencia civil
La directora del CNI, Paz Esteban, reconoció en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que el servicio secreto español espió a algunos independentistas catalanes con autorización judicial. No a los 63 nombres que figuran en el informe del laboratorio canadiense Citizen Lab, pero sí a 18 de ellos.
En esa lista figuran el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el secretario general de Junts y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez: y dos personas del entorno más íntimo de Carles Puigdemont: el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay; su abogado, Gonzalo Boye.
La orden judicial de espionaje también alcanzó a líderes de la sociedad civil independentista, como Marcel Mauri, el exvicepresidente de la asociación Òmnium, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie y el diputado de la CUP Carles Riera, entre otros.
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Otro de los catalanes espiados por los servicios secretos fue el ingeniero Elies Campo Cid, ligado a organizaciones independentistas, cuyo padre, un prestigioso médico del Hospital Clínic de Barcelona, también fue víctima del Sistema Pegasus, como adelantó LPO.
El grueso de los "pinchazos" ocurrieron entre 2019 y 2020, según se desprende de los documentos que Esteban compartió a los representantes parlamentarios que integran la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Por qué nos espiaron?, fue una de las preguntas que hizo Gabriel Rufián, portavoz de ERC.
Josep Lluís Alay, el primero desde la derecha, el nexo entre el independentismo y el Kremlin.
Las fechas del espionaje coinciden con dos decisiones estratégicas del independentismo: el apoyo y fogoneo a la plataforma Tsunami Democràtic, un nuevo y disruptivo actor del soberanismo por aquel entonces; y la intensificación de los vínculos con el Kremlin, un socio que la Generalitat mantuvo siempre en la sombra.
El grupo Tsunami Democràtic irrumpió en la política catalana tras la sentencia del "procés" (2019) con el objetivo de canalizar el descontento social en las calles. Su primera acción pública fue bloquear el aeropuerto de Barcelona.
La plataforma reeditó la lógica clandestina de muchos movimientos independentistas durante el referéndum de 2017, por lo que rápidamente fue considerada "una amenaza" para el orden constitucional.
En octubre de 2019, en medio de una ola de protestas callejeras, Aragonès -por entonces vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra- apoyó a esta plataforma con una arenga de "no aflojen". "Necesitamos una mesa de diálogo y negociación, pero necesitamos a la gente movilizada, porque no podemos aflojar", dijo en una entrevista radial.
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Esa arenga alertó a Moncloa sobre una posible conexión directa entre el gobierno catalán y la violencia callejera, el detonante para -orden judicial mediante- hackear 18 teléfonos móviles.
La otra justificación del CNI para espiar a los catalanes fueron "los nuevos contactos" entre el separatismo y el entorno de Vladimir Putin, abiertos años atrás durante la lucha por el referéndum de independencia
Los servicios secretos interceptaron información de los intentos del Gobierno de Quim Torra y del entorno de Puigdemont de involucrar al Kremlin en el nuevo fervor independentista, impulsado por las condenas del Supremo y las protestas callejeras.
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Uno de los emisarios catalanes fue Josep Lluís Alay (figura en la lista de los espiados por el CNI), alto cargo de la Generalitat y mano derecha de Puigdemont, quien, para esas fechas, se reunió en Moscú con agentes de Inteligencia para abrir un canal de colaboración secreto con la administración de Putin.
Según una investigación de El Confidencial, Alay se entrevistó con una de las personas más cercanas a Putin, Serguéi Sumin, coronel del Servicio Federal de Protección y miembro del equipo de seguridad del presidente ruso. El nexo lo proporcionó el empresario Alexánder Dmitrenko, entonces máximo responsable ruso en la Cámara de Comercio de Barcelona.