El acuerdo en CyL vuelve clave a Vox para las aspiraciones nacionales del PP
El 20 de diciembre, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció su decisión de disolver las Cortes y de convocar a nuevas elecciones. La resolución tenía el visto bueno de Génova. "Es una buena jugada", lo animó, desde Madrid, Pablo Casado. "Vamos por la mayoría absoluta", devolvió, envalentonado, el jefe autonómico.
Esa misma tarde, Santiago Abascal, desde su despacho, daba órdenes menores. Animaba a los dirigentes de Andalucía para que presentaran un recurso judicial contra el pasaporte Covid de Juan Manuel Moreno, presidente regional del PP.
Abascal nunca imaginó que ese día -que aquella súbita ruptura de Mañueco- iba a marcar a fuego el futuro de su formación, que iba a ser una bisagra en el anhelo -lejano en ese entonces- de poner un pie en el Palacio de la Moncloa.
El PP cede presionado por Vox y hay acuerdo de gobierno en Castilla y León
El PP tampoco imaginó el catastrófico efecto dominó de aquella (pésima) estrategia: 80 días más tarde, Mañueco no tuvo más remedio que ceder a todas las exigencias de Vox para evitar un nuevo llamado a elecciones.
Los populares no solo cambiaron a un socio debilitado (Ciudadanos) por otro envalentonado, sino que, por asfixia y necesidad, suscribieron un pacto con la cabeza gacha. La muestra de debilidad, de cara al próximo gobierno de coalición, es lacerante.
Lo peor para el PP es que se trata de una debilidad autoinflingida. La voz que auguró, tras el paso en falso en las urnas de Castilla y León, que la "derecha democrática" no iba a pactar "con populismos y radicalismos", ya no tiene autoridad. Es un cadáver político.
El inédito y gravísimo escándalo interno explica la sumisión de este jueves ante los pies de Abascal. Es que a la mala lectura política (adelantar elecciones), el PP le sumó a las pocas semanas un linchamiento interno como pocas veces se ha visto en la historia de la política española. Corrupción, traiciones y deslealtades que se tradujeron en un desgaste del que todavía Génova sigue atrapado.
Según los últimos sondeos, uno de cada cinco votantes del PP (2019) apoya hoy a Vox. La ultraderecha es la única que creció en intención de votos en el mes de febrero. De celebrarse hoy unas elecciones generales, el partido de Abascal sacaría el 19% de los votos, cuatro puntos más que en 2019 y dos más que en las encuestas de enero. En otros términos: de celebrarse hoy unas elecciones generales el PP solo gobernaría con Vox a su lado.
Ahora bien, para parar la hemorragia, el Partido Popular le entregó todo el poder a Alberto Núñez Feijóo, un cacique más afín al pragmatismo que a los principios. Su muñeca -y no sus ideas- le han permitido gobernar con mayoría absoluta en Galicia desde 2009, un récord que ningún otro jefe autonómico puede ostentar.
El Gobierno y la izquierda responsabilizan a Feijóo por "meter a la ultraderecha" en el poder
Feijóo trazó una hoja de ruta con Vox "lejos" en términos ideológicos, pero "a mano" en términos prácticos. Para el nuevo líder del PP, lo urgente era formar gobierno en Castilla y León antes de su asunción. "Pactar con Vox es un costo a asumir", le aclaró a los barones de más confianza.
Para el afuera, ante los micrófonos, el dirigente gallego llamó a "recuperar la centralidad" tras oficializar su candidatura. Definió al PP como "un partido institucional, de centroderecha, que cree en la Constitución, en el Estado de las Autonomías y es europeísta".
La "centralidad" de Feijóo se inclinó este jueves hacia el extremo derecho. Parece muy difícil que el plano del PP vuelve a enderezarse.