La revisión de las jubilaciones de privilegio sólo permitirían ahorrar 9.200 millones al año
La difusión de un borrador sobre el punteo del acuerdo con el Fondo Monetario que Guzmán aspira a tener terminado a más tardar este fin de semana desató la polémica porque menciona la revisión de las jubilaciones de privilegio que, en el Ejecutivo aclararon que son solo las de la ley 27.546, es decir pura y exclusivamente las de jueces y diplomáticos.
Ni en el borrador ni en Economía precisaron el ahorro pretendido con esta revisión. Sin embargo, los datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social de diciembre de 2021 muestran que a esa fecha un total de 5.536 jubilados y 1.981 pensionados eran beneficiarios de ese régimen especial. En el caso de los diplomáticos retirados el haber jubilatorio promedio era de $524.993 mensual y el de los jueces, de $410.276 sin contar aguinaldo. En tanto, el de los pensionados de ambas categorías superaba en pocos miles los $300.000 por mes.
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Las mismas estadísticas muestran que solo el 16% de los jubilados y pensionados del sistema integrado previsional argentino (SIPA) cobraban a diciembre más de $300.000 mensuales. De ese 16%, más de la mitad (el 63,3%) se corresponden pura y exclusivamente al régimen para judiciales (6.118 personas) y de diplomáticos (602 personas.) En tanto, un total 493 personas cobraba a diciembre más de un millón de pesos, de los cuales 426 eran jueces jubilados.
Consultados por este medio, fuentes de Economía evitaron dar precisiones respecto del monto o criterio de revisión y se limitaron a aclarar que no alcanzará a otros regímenes especiales ni a las cajas policiales de las provincias.
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Sin embargo, el criterio de los $300.000 mensuales pareció "lógico" a asesores del kirchnerismo consultados por este medio. "Son los que menos aportan y los que más se llevan", sintetizaron en función de que los magistrados no pagan impuesto a las ganancias.
Así, un recorte en las jubilaciones de ambos regímenes que lleve el haber promedio a los $300.000 al mes implicaría un ahorro de $9.200 millones anualmente.
La cifra en términos macroeconómicos es irrelevante. Es aproximadamente la mitad de lo que se destina mensualmente a subsidiar los colectivos del conurbano bonaerense entre aportes de la gobernación y de la Nación.
No obstante, en términos distributivos es relevante: equivale a poder darle a cada uno de los 2,5 millones de jubilados titulares de la mínima un bono al año por $3.675 o de $1.935 a los más de 4 millones de beneficiarios de la mínima.
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En cambio, si se les pusiera a estos regímenes un tope equivalente a $300.000 a diciembre de 2021, el ahorro anual podría más que duplicarse al saltar a no menos de 23.000 millones al año. Y si el piso se fijara en el equivalente a $250.000 de diciembre de 2021, entonces el ahorro solo en ambos regímenes rondaría los 28.000 millones anuales.
La revisión, su vez, debe contemplar la relación con los aportes porque es precisamente el hecho de que los sueldos de jueces y diplomáticos sean muy superiores a los de la media lo que resulta en que sus jubilaciones sean de la magnitud que son ya que no tienen límites en los aportes a la Anses. Dicho de otra forma, poner un tope a las jubilaciones del servicio exterior de la nación y del Poder Judicial podría generar un bache en los ingresos de la Anses que perdería parte de los aportes de mayor cuantía del sistema jubilatorio.