Votan la ampliación de impuestos bonaerense
La legislatura bonaerense intentará aprobar la reforma impositiva impulsada por Scioli, mediante la cual se extiende el pago de Ingresos Brutos a sectores industriales, hasta hoy exentos. La medida, que incrementará la recaudación en $2.200 millones, ya genera el rechazo del sector.
La Legislatura bonaerense, de la mano del oficialismo provincial, intentará aprobar hoy la reforma impositiva impulsada por el gobernador Daniel Scioli, que extiende el pago de Ingresos Brutos a sectores industriales hoy exentos, entre otras medidas destinadas a incrementar la recaudación en cerca de $ 2.200 millones anuales.
Según Ámbito Financiero, desde el seno del Frente para la Victoria (FpV) dieron por sentada anoche una aprobación hoy «sin modificaciones» de peso en Diputados, merced a la mano alzada de sus 59 legisladores y de, confiaron, los 8 concertadores y los 7 de la UCR («se necesitan 61 a 62 diputados para los dos tercios», explicaron).
Incluso, no descartaron que también el Senado avale la iniciativa en esta misma jornada (el FpV tiene 32 legisladores, sobre 46), convirtiéndola en ley. Aunque «los tiempos legislativos» (la sesión en la Cámara baja arrancará entre las 15 y las 16) podrían demorar el tratamiento en la Cámara alta para mañana.
Ayer se sucedieron intensas reuniones en La Plata para terminar de consensuar la discusión, de las que participaron, entre otros, el ministro de Economía, Rafael Perelmiter (con intendentes y legisladores provinciales opositores), y de Trabajo, Oscar Cuartango (con enviados de la Federación Argentina de Municipios y legisladores);además de las reunionesclásicas de bloque.
La reforma contempla, entre otras medidas (ver aparte), la extensión del cobro de Ingresos Brutos a industrias con una facturación superior a $ 60 millones anuales, hoy exentas, que pasarán a tributar una alícuota de 1%. Se trata de 2% de las industrias, que sin embargo concentran 68% de la facturación.
También consagra la derogación del hoy suspendido Impuesto a la Riqueza, y contempla la exención del pago del Inmobiliario Urbano para viviendas con valuaciones inferiores a $ 100 mil.
El sueño del gobierno es contar con la ley desde agosto para compensar la caída en los ingresos provinciales, producto del paro del campo, y oxigenar las arcas locales, que este año podrían recibir así $ 900 millones adicionales.
La pretensión chocó con la ambición de un nutrido lote de intendentes de asegurarse fondos adicionales por la eliminación del cobro de las distorsivas tasas de Abasto y de Publicidad (que impactan sobre los costos de producción), más allá de un fondo compensador de $ 200 millones para municipios, que sí contempla la ley.
Sin embargo, no lograron que el mandatario cediera ante la embestida comunal (alimentada sobre todo por los intendentes del conurbano, los más perjudicados por la desaparición de esas tasas), aunque sí obtuvieron la promesa de que el mes próximo se avanzará en una segunda norma « complementaria» que consagrará una suerte de Fondo del Conurbano, donde el reparto de recursos será delineado en función de los índices de « vulnerabilidad social».
En la vereda de la oposición, en tanto, si bien inicialmente se habían mostrado reticentes, ayer el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Jano, anunció que su bancada apoyará la iniciativa oficial. En sintonía, el jefe comunal de Azul y presidente del Foro de Intendentes de la Coalición Cívica, Omar Duclós, consideró ayer -tras reunirse con Perelmiter-que la reforma es «un avance importante».
Previsiblemente, la reforma también generó fuerte resistencia entre industriales, pese a que en el entorno del mandatario insistieron en que fue consensuada con el sector (sobre la base del aval, por caso, de la Unión Industrial de Buenos Aires, por haber quedado excluidas las pymes del alcance de las medidas).
Entre quienes alzaron, en cambio, la voz contra la extensión de Ingresos Brutos se encuentra la Unión Industrial Argentina, al denunciar pérdida de competitividad y un impacto inflacionario. Ayer se sumó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ver aparte).
Respecto de esta última embestida, ayer el diputado provincial Guido Lorenzino insistió ante este diario en que el proyecto «fue consensuado con empresarios» y que «de los particulares se tomó nota». «Es natural el disenso y lo aceptamos, pero estamos planteando una reforma integral», enfatizó.
Según Ámbito Financiero, desde el seno del Frente para la Victoria (FpV) dieron por sentada anoche una aprobación hoy «sin modificaciones» de peso en Diputados, merced a la mano alzada de sus 59 legisladores y de, confiaron, los 8 concertadores y los 7 de la UCR («se necesitan 61 a 62 diputados para los dos tercios», explicaron).
Incluso, no descartaron que también el Senado avale la iniciativa en esta misma jornada (el FpV tiene 32 legisladores, sobre 46), convirtiéndola en ley. Aunque «los tiempos legislativos» (la sesión en la Cámara baja arrancará entre las 15 y las 16) podrían demorar el tratamiento en la Cámara alta para mañana.
Ayer se sucedieron intensas reuniones en La Plata para terminar de consensuar la discusión, de las que participaron, entre otros, el ministro de Economía, Rafael Perelmiter (con intendentes y legisladores provinciales opositores), y de Trabajo, Oscar Cuartango (con enviados de la Federación Argentina de Municipios y legisladores);además de las reunionesclásicas de bloque.
La reforma contempla, entre otras medidas (ver aparte), la extensión del cobro de Ingresos Brutos a industrias con una facturación superior a $ 60 millones anuales, hoy exentas, que pasarán a tributar una alícuota de 1%. Se trata de 2% de las industrias, que sin embargo concentran 68% de la facturación.
También consagra la derogación del hoy suspendido Impuesto a la Riqueza, y contempla la exención del pago del Inmobiliario Urbano para viviendas con valuaciones inferiores a $ 100 mil.
El sueño del gobierno es contar con la ley desde agosto para compensar la caída en los ingresos provinciales, producto del paro del campo, y oxigenar las arcas locales, que este año podrían recibir así $ 900 millones adicionales.
La pretensión chocó con la ambición de un nutrido lote de intendentes de asegurarse fondos adicionales por la eliminación del cobro de las distorsivas tasas de Abasto y de Publicidad (que impactan sobre los costos de producción), más allá de un fondo compensador de $ 200 millones para municipios, que sí contempla la ley.
Sin embargo, no lograron que el mandatario cediera ante la embestida comunal (alimentada sobre todo por los intendentes del conurbano, los más perjudicados por la desaparición de esas tasas), aunque sí obtuvieron la promesa de que el mes próximo se avanzará en una segunda norma « complementaria» que consagrará una suerte de Fondo del Conurbano, donde el reparto de recursos será delineado en función de los índices de « vulnerabilidad social».
En la vereda de la oposición, en tanto, si bien inicialmente se habían mostrado reticentes, ayer el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Jano, anunció que su bancada apoyará la iniciativa oficial. En sintonía, el jefe comunal de Azul y presidente del Foro de Intendentes de la Coalición Cívica, Omar Duclós, consideró ayer -tras reunirse con Perelmiter-que la reforma es «un avance importante».
Previsiblemente, la reforma también generó fuerte resistencia entre industriales, pese a que en el entorno del mandatario insistieron en que fue consensuada con el sector (sobre la base del aval, por caso, de la Unión Industrial de Buenos Aires, por haber quedado excluidas las pymes del alcance de las medidas).
Entre quienes alzaron, en cambio, la voz contra la extensión de Ingresos Brutos se encuentra la Unión Industrial Argentina, al denunciar pérdida de competitividad y un impacto inflacionario. Ayer se sumó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ver aparte).
Respecto de esta última embestida, ayer el diputado provincial Guido Lorenzino insistió ante este diario en que el proyecto «fue consensuado con empresarios» y que «de los particulares se tomó nota». «Es natural el disenso y lo aceptamos, pero estamos planteando una reforma integral», enfatizó.