Echan al funcionario porteño del IVC procesado por el caso Greco
Se trata de Osvaldo Siseles, ex asesor de Lavagna. Fue procesado por administración fraudulenta por una denuncia de la ex procuradora de Ibarra. Cuando su nombre salió a la luz, en el gobierno se le pidió al titular del IVC que lo echara pero desoyó la orden. Recién hoy le exigió la renuncia.
Luego de que el Juez Federal Sergio Torres Juzgado Federal N° 12 ordenó el procesamiento y embargo por $ 1.000.000 de Osvaldo Siseles, el polémico funcionario del gobierno porteño, el presidente del IVC, Roberto Apelbaum le pidió la renuncia.
Siseles había integrado la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía durante la gestión de Roberto Lavagna.
Torres consideró que es "coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" a propósito de "la intervención que le cupo en las maniobras defraudatorias llevadas a cabo en el marco del expediente en que se sustanciara la demanda interpuesta por los representantes del denominado Grupo Greco contra el Estado Nacional”.
La denuncia había sido presentada por la actual Subsecretaria Legal de ese Ministerio, Alejandra Tadei, y el abogado Alejandro Rúa, encargado de la unidad de anticorrupción que funciona en esa cartera.
Tadei es una prestigiosa abogada que trabajó como Procuradora General de la ciudad cuando Aníbal Ibarra era jefe de gobierno, y luego, como una gran cantidad de ibarristas, cayó en el gobierno nacional cuando el ex fiscal fue destituído.
Como sea, el juez Torres destacó que "del universo de irregularidades probadas en autos despunta un actuar cuyo carácter perjudicial a los intereses del Estado Nacional se halla suficientemente acreditado tanto en su materialidad como cuanto hace a la responsabilidad que les cabe a Osvaldo Siseles… quienes tuvieron a su cargo la representación del Estado Nacional …. e impulsó la homologación judicial de la liquidación de una deuda reclamada al Estado por el grupo empresario, decretada el día 11 de agosto de 2005 en el citado expediente, por la suma de $ 332.396.128,64 pagaderos en Bonos de Consolidación Moneda Nacional Cuarta Serie, obligando así abusivamente al Estado Nacional y perjudicando de esa manera sus intereses, en una cifra que hoy supera los 600 millones de pesos”.
El 25 de julio de 2008, ya el juez en lo civil y comercial federal Francisco de Asis Soto hizo lugar a un reclamo del actual servicio jurídico ministerial y resolvió, "dejar sin efecto la homologación judicial" que él mismo había dictado en agosto de 2005 y que imponía al Estado nacional dicho pago al Grupo Greco.
De esta manera, Torres concluyó que "ha quedado demostrado que se ha incumplido los deberes que los cargos asignados le imponían, y en pos de procurar, cuanto menos, un beneficio indebido para el grupo empresarial Greco, obligaron abusivamente al Estado Nacional, comprometiendo los intereses patrimoniales que le fueran confiados".
Además, el juez dispuso un embargo de un millón de pesos respecto de los bienes de Siseles.
El procesamiento, bajo el expediente1380/07, también alcanzó a otros ex funcionarios lavagnistas de la misma subsecretaria: Yolanda Eggink, Alberto García y Beatriz Pernas.
Eggink posee un pasado tormentoso: trabajó en el área de Legales en la gestión de Comingo Cavallo y fue dada de baja por presuntas irregularidades. Luego, un decreto del entonces presidente Eduardo Duhalde la llevó a la Procuración. Así, a través Alfredo Atanasoff y Roberto Lavagna se transformó en la mano derecha de Siseles.
Apelbaum, el IVC y una renuncia dilatada
Por su lado, el presidente del Instituto de la Vivienda, Roberto Apelbaum, desobedeció una orden explícita para que, cuando el caso trascendió a los medios periodísticos, sea dado de baja.
Inclusive, en el IVC le habían advertido, antes de que se publicaran notas al respecto, que el nombramiento de Siseles podría traerle problemas.
De todas maneras, Apelbaum no lo echó y, por el contrario, el polémico funcionario siguió trabajando a su lado como asesor personal.
Claro que recién hoy, al darse a conocer el procesamiento, le pidió finalmente la renuncia.
Siseles había integrado la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía durante la gestión de Roberto Lavagna.
Torres consideró que es "coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" a propósito de "la intervención que le cupo en las maniobras defraudatorias llevadas a cabo en el marco del expediente en que se sustanciara la demanda interpuesta por los representantes del denominado Grupo Greco contra el Estado Nacional”.
La denuncia había sido presentada por la actual Subsecretaria Legal de ese Ministerio, Alejandra Tadei, y el abogado Alejandro Rúa, encargado de la unidad de anticorrupción que funciona en esa cartera.
Tadei es una prestigiosa abogada que trabajó como Procuradora General de la ciudad cuando Aníbal Ibarra era jefe de gobierno, y luego, como una gran cantidad de ibarristas, cayó en el gobierno nacional cuando el ex fiscal fue destituído.
Como sea, el juez Torres destacó que "del universo de irregularidades probadas en autos despunta un actuar cuyo carácter perjudicial a los intereses del Estado Nacional se halla suficientemente acreditado tanto en su materialidad como cuanto hace a la responsabilidad que les cabe a Osvaldo Siseles… quienes tuvieron a su cargo la representación del Estado Nacional …. e impulsó la homologación judicial de la liquidación de una deuda reclamada al Estado por el grupo empresario, decretada el día 11 de agosto de 2005 en el citado expediente, por la suma de $ 332.396.128,64 pagaderos en Bonos de Consolidación Moneda Nacional Cuarta Serie, obligando así abusivamente al Estado Nacional y perjudicando de esa manera sus intereses, en una cifra que hoy supera los 600 millones de pesos”.
El 25 de julio de 2008, ya el juez en lo civil y comercial federal Francisco de Asis Soto hizo lugar a un reclamo del actual servicio jurídico ministerial y resolvió, "dejar sin efecto la homologación judicial" que él mismo había dictado en agosto de 2005 y que imponía al Estado nacional dicho pago al Grupo Greco.
De esta manera, Torres concluyó que "ha quedado demostrado que se ha incumplido los deberes que los cargos asignados le imponían, y en pos de procurar, cuanto menos, un beneficio indebido para el grupo empresarial Greco, obligaron abusivamente al Estado Nacional, comprometiendo los intereses patrimoniales que le fueran confiados".
Además, el juez dispuso un embargo de un millón de pesos respecto de los bienes de Siseles.
El procesamiento, bajo el expediente1380/07, también alcanzó a otros ex funcionarios lavagnistas de la misma subsecretaria: Yolanda Eggink, Alberto García y Beatriz Pernas.
Eggink posee un pasado tormentoso: trabajó en el área de Legales en la gestión de Comingo Cavallo y fue dada de baja por presuntas irregularidades. Luego, un decreto del entonces presidente Eduardo Duhalde la llevó a la Procuración. Así, a través Alfredo Atanasoff y Roberto Lavagna se transformó en la mano derecha de Siseles.
Apelbaum, el IVC y una renuncia dilatada
Por su lado, el presidente del Instituto de la Vivienda, Roberto Apelbaum, desobedeció una orden explícita para que, cuando el caso trascendió a los medios periodísticos, sea dado de baja.
Inclusive, en el IVC le habían advertido, antes de que se publicaran notas al respecto, que el nombramiento de Siseles podría traerle problemas.
De todas maneras, Apelbaum no lo echó y, por el contrario, el polémico funcionario siguió trabajando a su lado como asesor personal.
Claro que recién hoy, al darse a conocer el procesamiento, le pidió finalmente la renuncia.