El juez rechazó la prisión preventiva para los directivos de Vicentín

 La larga jornada de este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde fueron imputados 14 altos directivos de la cerealera concursada, terminó con una victoria parcial para quienes manejaron los destinos de la empresa hasta diciembre de 2019 cuando declararon "estrés financiero" lo cual derivó en el concurso de acreedores que aún se tramita en los tribunales de Reconquista.

En la instancia penal, el juez Román Lanzón rechazó el pedido de la fiscalía que había solicitado la prisión preventiva de cinco acusados; Omar Scarel, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Roberto y Javier Gazze mientras que al presidente de aquel entonces, Daniel Buyatti, la tobillera electrónica para que no pueda salir de Avellaneda.

En su lugar, debieron dejar una garantía de caución por 10 millones de pesos y la prohibición de salir del país para los 14 imputados mientras dure el proceso penal por estafa y defraudación.

La otra buena noticia para los directivos fue la aceptación del argumento de la defensa, a cargo de Jorge Ilharrescondo, de determinar la prescripción de los delitos de falseamiento de los balances contables de los años 2017 y 2018 de los informes trimestrales que debían entregar a los bancos extranjeros durante ese período y que eran fundamentales para renovar la línea crediticia.

En este punto, Ilharrescondo señaló que "pasaron largamente los dos años de prescripción penal", lo cual derivó en una discusión sobre la instancia procesal en que se debía solicitar la caducidad de la persecución penal pero el juez le dio la razón a la defensa y consideró la extinción.

Además, el abogado del directorio reprochó a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación haber filtrado a la opinión pública que podrían caber penas de hasta 50 años, que es el máximo que permite el Código Procesal de Santa Fe, y consideró que se trataba de un delito continuado, un hecho único que se extendió en el tiempo y que tiene una pena que no supera los seis años.

Según la fiscalía, había pruebas suficientes que demostraban que los directivos de la agroexportadora habían elaborado los documentos contables manipulando la información financiera que exhibía una solidez que no era tal en once oportunidades.

Durante la segunda parte de la audiencia, que había comenzado el martes y se pasó a cuarto intermedio para este jueves, la fiscalía reveló escuchas telefónicas entre los directivos, con contadores y abogados tratando de dejar en claro que detrás de las acciones, se tejía un ardid con el fin de ocultar una deuda de 456.5 millones de dólares del ejercicio del 2017 y 362 en la misma moneda en 2018, según la auditoría forense.

En el mismo sentido, sostuvieron que a pesar de la situación financiera, desarrollaron una estrategia publicitaria para la captación de granos con contratos de precio a fijar por el cual ofrecían mejores liquidaciones y a plazos de hasta 360 días, poco habitual en el mercado.

"De 40 mil contratos de precios a fijar, el 40 por ciento se hicieron a más de 90 días y el 14% a más de 180 días, siendo la mitad a menos de 90 días, que es lo común para este tipo de acuerdos", sostuvo el fiscal Miguel Moreno.

En cuanto a los argumentos para solicitar la prisión preventiva que solicitaron los acusadores y fueron apoyados por las querellas que representaban a los bancos internacionales, al banco Macro y a acopiadores y corredores granarios, hicieron foco en lo que consideraron falta de colaboración en el aporte de información durante el período de recolección de pruebas.

Además, el otro riesgo que habilita a la prisión preventiva es la posibilidad de fuga por el cual, la fiscalía sostuvo que si no abandonaron el país, a pesar de contar con los medios suficientes para radicarse en cualquier parte del mundo, fue porque necesitaron estar presentes para concretar el ocultamiento y que ahora, la situación procesal cambió y ante la posibilidad de altas penas podrían decidir irse de Argentina.

Sin embargo, el juez Lanzón desechó la primera razón considerando que si hubo maniobras fraudulentas, se hicieron antes de que se asegurasen las pruebas y que ahora no tenían posibilidad alguna de cambiar la documentación y en cuanto a la posibilidad de fuga, ordenó la prohibición de viajar al exterior. Por otro lado, se acordó una garantía de caución por 10 millones de pesos.