Imputaron a los directivos de Vicentín por estafa y defraudación y podrían pedir la prisión preventiva

 La audiencia a catorce ex directivos de Vicentín al momento de entrar en concurso de acreedores, comenzó este martes con la lectura del fiscal Miguel Moreno de la imputación como autores en concurso real por defraudación y estafa.

Según los argumentos del fiscal, la agroexportadora habría ocultado la verdadera situación financiera desde el 2017 al 2019 para conseguir renovaciones crediticias de bancas internacionales a través de maniobras engañosas que de otra manera no hubiese podido acceder.

En ese sentido, Moreno señaló que tanto los balances anuales como los informes trimestrales que presentaban a los bancos extranjeros, según obliga la normativa internacional, mostraban una solvencia, liquidez y capacidad de repago que no era tal, como quedó expuesto en diciembre de 2019 cuando anunciaron el estrés financiero

Según la acusación, la documentación que Vicentín le entregó al Rabobank, al Credit Agricole, al ING Groep y a la entidad crediticia del Banco Mundial, la International Finance Corp, que eran las entidades con los que tenían líneas de crédito abiertas, reflejaban un ratio (relación entre el activo y el pasivo) superior al 20% que era requisito indispensable para lograr los desembolsos que debían tener destinos sumamente específicos en refinanciar las exportaciones.

Durante los últimos once trimestres, de noviembre de 2016 a julio de 2019, Vicentín exhibió una situación financiera sólida. Cuatro meses antes de anunciar estrés financiero, expresaban un ratio de 1.8, o sea, los activos superaban en un 80% el pasivo de la empresa y al mes siguiente, en el último trimestre, se refleja la caía a pique.

Algo parecido ocurrió con productores y corredores de cereales que confiaban en la fortaleza de Vicentín que siguió recibiendo granos sabiendo de las dificultades para pagar al momento de la liquidación.

Todas estas maniobras que fiscalía definió como engañosas y que constan en 36 millones de archivos digitales, están siendo analizadas por la defensa quienes pidieron un cuarto intermedio que le fue cedido por juez Román Lanzón hasta el próximo jueves cuando fiscalía pedirá la prisión de preventiva para algunos de los imputados asegurando que cuenta con los argumentos suficientes que serán revelados tras el cuarto intermedio.

Fuentes cercanas a la empresa, criticaron al fiscal Moreno por haber adelantado públicamente la solicitud de preventiva; "el pedido no tiene sentido porque se pudieron haber fugado durante todo este tiempo y no lo hicieron y cuando se les reclamó, prestaron la documentación o cuando consideraron que se demoraba, fueron allanados. Son los mismos que están tratando de conseguir la plata para salvar la empresa y no echar la gente".

A su vez, le reprochan a la fiscalía haber filtrado las negociaciones que llevaba adelante la defensa en la que ofrecieron una caución por cinco millones de pesos en garantía para evitar la prisión preventiva que fue rechazada; "hubo una sobreactuación, no hay justificativo", consideraron.

Por ahora, ya que el listado se podría ampliar, los imputados son el ex presidente y su vice, Daniel Buyatti y Alberto Macua y los directivos Roberto Gazze, Máximo Padoán, Cristian Padoán, Martín Colombo junto a Sergio, Germán y Roberto Vicentín; Yanina Boschi, Raúl González Arcelus y los síndicos Omar Scarel, quien actualmente está al frente del grupo y Miguel Vallazza.