Costanera

La Justicia frenó la venta de Costa Salguero y complica el proyecto de Larreta

Un juez argumentó que el Ejecutivo no cumplió con los pasos necesarios para desafectar el predio que es de dominio público.

 La Justicia porteña declaró inconstitucional a la ley que permitía la venta de Costa Salguero y frenó el proyecto del gobierno porteño para crear un megaparque y viviendas de lujo. El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 porteño, Leonardo Furchi, consideró que el ejecutivo no había cumplido con los procesos necesarios para avanzar con el proyecto.

En el fallo, Furchi declaró "la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad". El artículo 63 fija el proceso para la convocatoria de las audiencias públicas y explica que es "obligatorio antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos".

A pesar del rechazo en las audiencias públicas, la Ciudad avanzará con el proyecto para Costa Salguero

El 89 y 90 establecen los mecanismos legislativos que deben ejecutarse para el tratamiento de las leyes denominadas "de doble lectura", entre las que se incluye a las iniciativas del Ejecutivo que contemplen la "desafectación de los inmuebles del dominio público", como es el caso de Costa Salguero.

Luego de que la ley fuera aprobada en 2019, antes de que cambiara la composición de la Legislatura, la diputada Gabriela Cerruti y Jonatan Baldiviezo del observatorio por el derecho a la Ciudad, se presentaron ante la Justicia para trabar la venta que impulsaba el gobierno porteño.

Según informó Télam el juez Furchi consideró que "la autorización para disponer otorgada por la Ley 6.289 no ha cumplido con el trámite legislativo propio de la desafectación de los bienes de dominio público" y por eso "no cabe más que declarar la inconstitucionalidad de la norma de que se trata".

Se espera que la procuración porteña apele la medida, que muy posiblemente termine en el Tribunal Superior de Justicia, en donde el oficialismo tiene mayoría. Pero se extenderán los plazos que imaginaba el Gobierno.