Explican que la desdolarización no va a ser determinante en el nuevo esquema tarifario

Seguridad jurídica y dolarización, ese fue el mantra para la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 y el fuerte tarifazo que le siguió. Tras el "sinceramiento cambiario" de 2016, en el entonces Ministerio de Energía de Aranguren abonaron la hipótesis de que la garantía para las inversiones energéticas era la dolarización de la producción y también de la distribución, hipótesis que la corrida cambiaria desterró con los impagos y el posterior congelamiento de las tarifas.

No solo no funcionó, sino que la decisión de dolarizar la tarifa de gas le valió a Aranguren una imputación judicial por no representar y defender los intereses de los usuarios. Y este lunes Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley que desdolarice las tarifas, aunque no detalló cómo hará para desacoplar el precio de la generación de energía que cotiza en dólares como el resto de los commodities.

En este sentido, desde el gobierno no ven que desdolarizar (o pesificar) las tarifas sea algo controversial y apelan a que un profundo análisis de los costos de producción de la energía, en particular el gas para la energía termoeléctrica, puede mostrar que muchos de los costos no están vinculados a la divisa, sino que son costos locales y en pesos. En cambio, para el economista en jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, sí es "revolucionario" porque puede "implicar pérdidas directas para las empresas".

"Las prestaciones de servicios públicos tienen muchos costos en dólares, en especial en la producción de energía. Desdolarizar las tarifas implica que cuando sube el tipo de cambio no aumente tanto el precio final, la tarifa, como el costo y esto es 'revolucionario' porque implica una pérdida para las empresas directamente", dijo a LPO el economista.

Sin embargo, no necesariamente implica más pérdidas que los congelamientos tarifarios, aunque sí reduce las posibilidades de litigio contra el Estado. Pero también puede no incurrir necesariamente en pérdidas si una vez pesificadas se les conservan ajustes acordes a la composición de sus costos.

En este sentido, el secretario de Energía, Darío Martínez, celebró la futura ley de Hidrocarburos para garantizar la generación en nuevos pozos y explicó que de lo que se trata el futuro esquema tarifario es de una reclasificación de los usuarios que los segmente por su poder adquisitivo más que por su nivel de consumo, por lo que la nueva segmentación de usuarios hará asequible las tarifas en línea con lo que pidió Cristina.

"El Presidente de la Nación nos está instruyendo a trabajar en un marco legal que genere un mecanismo justo de segmentación tarifaria en función de la capacidad económica y patrimonial de los sectores de usuarios y agentes económicos, que las adecuaciones tarifarias estén en línea con la evolución de los ingresos de los distintos sectores sociales, idea que desarrolló públicamente Cristina, y que los subsidios que otorga el Estado solo amparen a quienes más lo necesitan; Así que trabajaremos intensamente en ello", aclaró Martínez tras el discurso presidencial.

Por lo pronto, como el desarrollo del nuevo esquema va a necesitar cerca de un año, el presidente aseguró que avanzará con la desdolarización de las tarifas; lo que se suma al tope del 9% de aumentos que deslizó Martín Guzmán que les habilitarían este año a las tarifas. De todos modos, en el contexto actual en el que las tarifas están congeladas y dolarizadas y una alternativa de descongelamiento y desdolarización ya la dolarización deja de ser determinante como garantía para las empresas; y más determinante pasa a ser la estructura de subsidios.

Por ejemplo, en Energía estudian un acuerdo con Edenor y Edesur por un subsidio de $60.000 millones para sostener el congelamiento tarifario y cubrir un ralentizado programa de inversiones; aunque esto no respete los criterios de segmentación que van a implementarse más adelante. Lo que es certero es que, por lo pronto, las distribuidoras optan por cubrir sus costos y acumulan deudas con la mayorista Cammesa, que es la que enfrenta las pérdidas.

Desde una perspectiva macroeconómica, desdolarizar implicar desacoplar la evolución de los subsidios de lo que suceda con el tipo de cambio, ya que bajo los contratos actuales, lo que las tarifas no cubren, lo termina cubriendo el Estado. Por eso, una desdolarización por ley como pidió Alberto Fernández implica romper contratos.

"Esto es más complicado porque hace falta cambiar contratos que hacen las empresas que implican señales de inversión y mercado; también hay empresas que frente a un flujo esperado de ingresos tomaron deuda en dólares y rehacer estos contratos va a ser más complejo", dijo Federico Furiase, economista y director de EcoGo.

Es que al fin y al cabo, la generación eléctrica depende fuertemente del precio del gas que está en dólares. Por lo que entre las petroleras circuló también la versión de un precio de mercado local más económico que permitiera disuadir la idea de la desdolarización. Y el precio del gas por cañerías también está en dólares, aunque a un tipo de cambio mucho menor al oficial.