Hubo dictamen de la ley de etiquetado frontal y advierten por la pérdida de empleo en Tucumán
El Senado emitió dictamen este miércoles de la ley de etiquetado frontal que obliga a los productos a informar sus nutrientes críticos, considerados como tales el azúcar, el sodio y las grasas, saturadas o totales.
El consenso se logró tras decenas de reuniones de asesores y senadores previas al plenario final de las comisiones de Comercio e Industria y Salud, presididas por Néstor Braillard Poccard (PRO) y Mario Fiad (UCR), que dejaron listo del despacho para aprobarlo la semana próxima.
Tiene el respaldo del ministro de Salud Ginés González García, pero también de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Agroindustria, que en el Gobierno de Mauricio Macri no lograron contener el lobby de la industria, liderado por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
Esta vez, su líder Daniel Funes de la Rioja pidió elevar de seis meses a dos años el plazo de implementación y se quedó con las manos semi vacías: sólo las pymes podrán extenderlo un año, previa negociación con la autoridad de aplicación.
Los únicos ingredientes que no deberán ser informados son la azúcar común, el aceite vegetal y los frutos secos. Y el etiquetado debe estar bien a la vista: en forma de octógonos, negro con borde y letras blancas en mayúsculas y un tamaño no inferior a 5% de la superficie. Los envases que sean menores a 10 centímetros cúbicos también deben sellarse.
La Copal lo pedía en letras chiquitas, versión "lupa", como el sistema aprobado hace una semana en Brasil, donde se hizo sentir fuerte el lobby azucarero que en Argentina lo lideran los tucumanos, con 15 de los 21 ingenios en sus tierras. El proyecto aclara que las exigencias pueden readaptarse si hubiera un acuerdo con el Mercosur que ahora parece lejano.
Votaron en contra las dos senadoras tucumanas, Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos), y para aliviar el impacto este mismo jueves el Senado dictaminará una ley prorroga los beneficios impositivos al bioetanol, la otra fuente de la industria azucarera.
Acuerdan en el Senado una ley de etiquetado frontal de alimentos, pero la industria se resiste
"Van a tener a los trabajadores en las puertas de los ingenios porque no van a tener laburo. En Tucumán hay un millón y medio de personas que viven del azúcar, el limón y el resto con changas. ¡Se van a morir de hambre!", advirtió Mirkin. José Mayans, el jefe de su bloque, se apuró en confirmar la ley para que produzcan bioetanol.
"El azúcar es bueno para la salud, cuando se lo consume como corresponde. En los últimos 5 años el consumo bajó un 20% y la obesidad creció", replicó Elías de Pérez y consideró que la "declaración obligatoria de azúcares" sólo puede cambiarse en el Código Alimentario Nacional con acuerdo con los gobernadores.
"No es cierto, es una ley y se cambia con una ley", la cruzó su compañero de bloque Julio Cobos. La coterránea Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, fue una de las principales impulsores de la ley, que tomó el modelo de Chiley explicó que allí las marcas compiten en las ventas con su etiquetado.
Las cantidades de azúcar, el sodio y las grasas, saturadas o totales que se considerarán "críticas" serán las que determine la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque el Gobierno deberá establecer un cronograma de adaptación de las productoras alimenticias que no podrá ser mayor a dos años. Las tucumanas consideraron que los parámetros eran incumplibles. Si no lo hacen, sufrirán sanciones similares a quien viole la ley de lealtad comercial.
La ley además, promueve la promoción de alimentación saludable en ámbitos escolares y prohíbe la comercialización de alimentos y bebidas sin etiquetados en los colegios. Ninguna empresa que no los tenga podrá ser proveedora del Estado.
"El 70% de la gente tiene problemas de obesidad, el 38% con sobrepeso. Es un problema grave que produce complicaciones. En estas cosas se muestra la responsabilidad social empresaria", sostuvo Cobos. La jujeña Silvia Giacoppo advirtió sobre problemas en Chile para cumplir la ley en productos infantiles. Para Gladys González, del PRO, se trata de "un desafío hacia a la reconversión, no hacia la destrucción: la advertencia es un desincentivo a consumir lo que nos hace mal".
Las tucumanas siguieron enumerando reproches y alentaron a una disputa entre provincias. "El vino es bebida nacional y hay gente que lo consume y le hace mal. Y usan azúcar industrial. Además, las provincias que tienen petróleo reciben regalías por el suelo y las que producimos biocombustibles no. ¡Van a cerrar industrias!", alertó Mirkin.
"Esto no es para hacer una disputa entre provincias, pero yo no le recomendaría a un menor de 18 años tomar vino", le respondió Fernández Sgasti. Cobos le recordó que los biocombustibles tienen beneficios impositivos altos, que ahora se prorrogarán. Para compensar a Tucumán.