Lavagna junto a Monzó y Frigerio abren una negociación para frenar la expropiación de Vicentin

El proyecto para expropiar Vicentin sigue sin aparecer en el Congreso y en la Cámara de Diputados Roberto Lavagna y Emilio Monzó abrieron cada uno por su lado una negociación para evitarla, cederle el control a cooperativas estafadas y saldar las deudas con el Banco Nación y el resto de los acreedores.  

A través de sus diputados cercanos, coinciden en que no tiene sustento legal ni consenso social que el Estado se adueñe de la cerealera y si llegaran a una consenso con el Gobierno garantizarían la rápida sanción de una ley. La propuesta de los monzoístas fue liderada por Sebastián García de Luca, ex secretario de Interior durante la gestión de Rogelio Frigerio. 

Se sumaron Domingo Amaya, Juan Aicega, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein, todos del PRO; además de los aliados Marcelo Orrego, Felipe Alvárez. Varios de este grupo fueron los que irrumpieron hace dos meses con una propuesta de sesiones remotas cuando en su bancada insistían en exigir que sean presenciales. 

"El proceso judicial debe seguir su curso, pero contemplando alternativas que protejan el trabajo, la producción y la inversión, priorizando a quienes conocen y sean parte del sector agropecuario como ACA y AFA", propuso De Luca.

Consideró que "en términos legales como económicos es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación de una empresa del sector más competitivo del país mientras tantas pymes atraviesan graves dificultades producto de la pandemia. La única urgencia tiene que ser salvar esas y otras fuentes de trabajo". 

En el oficialismo dicen tener los votos para aprobar "lo que mande" Alberto Fernández y minimizan las propuestas de la oposición. Sin Lavagna, Schiaretti y una parte de Cambiemos, la mayoría en Diputados llegaría con lo justo. 

Sugirió conformar "una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerán activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa". Que la primera de ellas "garantice el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas" y la otra "busque inversores nacionales para recuperar la empresa". 

"El Gobierno Nacional debe limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deben hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias", agregó De Luca. 

Fue así la primera voz de Cambiemos que reconoce la necesidad de recuperar estos créditos, cuyo otorgamiento el kirchnerismo quiere investigar a en una bicameral. Ni bien se conoció la intervención, las autoridades de su bloque no aportaron otra salida que esperar el proceso de quiebra. 

ACA y AFA son dos de las cooperativas más grandes de productores rurales y la primera figura en la lista de acreedores de Vicentin con casi cinco mil millones de pesos. El diputado socialista y ex ministro de Producción de Santa Fe Luis Contigiani planteó que tomen el control de la cerealera mediante una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria a través de YPF Agro SA, que en el proyecto que se filtró del Gobierno se quedaba con todas las acciones. 

Contigiani empezó a darle forma de proyecto de ley a su idea junto a los lavagnistas Graciela Camaño y Jorge Sarghini, quienes junto a Alejandro Rodríguez firmaron el comunicado de rechazo a la intervención ni bien lo anunció el presidente. 

Lavagna consideró que el Estado puede quedarse con la acción de oro de la compañía y así conservar poder de veto en decisiones claves. "Estarían cubiertos los objetivos de evitar la extranjerización de la compañía y sostener las fuentes de empleo", explican en su entorno, mientras esperan que suenen los teléfonos. "No hay interlocutor porque ningún diputado oficialista va hablar mientras no llegue el proyecto, pero muchos están con nosotros", confían.    

Si el Frente de Todos conciliara con estas propuestas se garantizaría una cómoda mayoría en la Cámara baja, donde aún no tiene los votos asegurados para sancionar la expropiación tal como fue anunciada por Alberto Fernández.

Se demora el ingreso del proyecto de expropiación de Vicentin al Senado y crecen rumores de una negociación

Este martes, fuentes del oficialismo aseguraban que el proyecto llegaría el viernes o la semana próxima a más tardar y están los aliados en Diputados para aprobar "lo que el presidente mande". Tanta es la confianza, que el sábado giraron un instructivo entre los oficialistas para defender la expropiación sin cooperativas o pymes como accionistas. 

Con Lavagna rebelde y los cuatro cordobeses de Juan Schiaretti en silencio conseguir los 10 votos que faltan para la mayoría simple es difícil, pero no imposible. Sería necesaria la ayuda de la neuquina Alma Sapag y de los 8 del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por José Luis Ramón, el mendocino que tiene un partido provincial, Protectora, y ni bien Fernández anunció la intervención de Vicentin la apoyó por twitter. Después no habló más.  

Sus compañeros son referentes de gobiernos locales como los de Río Negro y Misiones o las intendencias de Las Heras (Santa Cruz) y San Miguel de Tucumán. Y Pablo Ansaloni, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), cuyo secretario general, Ramón Ayala, recibió el jueves a Máximo Kirchner y le garantizó su voto.

"Se va a apoyar la intervención porque los procesos judiciales argentinos nunca abordan la situación de los trabajadores. En Vicentin hay como 7000, entre directos e indirectos, y de su seguridad jurídica no se ocupa nadie", informaron desde el gremio a LPO. 

 Para llegar a 129 votos debería sumarse Eduardo "Bali" Bucca o el salteño Andrés Zottos, los por ahora silenciosos del interbloque federal, integrado por los diputados de Lavagna y Schiaretti. O, llegado el caso, retornar el presidente del Bice José Ignacio de Mendiguren, que se tomó licencia y dejó su banca libre. Nada imposible, si el clima social no se descontrola. 

"Los que quieren colaborar están mandando sugerencias de trabajo en papers, no en los diarios", minimizan en el oficalismo las propuestas conocidas hasta ahora y aseguran que las negociaciones para garantizar esa mayoría están en marcha.

Por caso, Misiones recibió 1200 millones este martes del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y Córdoba otros 4.800 millones. Río Negro no apareció en el reparto, pero espera una asistencia para renegociar su deuda. 

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti, que este martes recibió una reunión con cooperativas agrícolas (AFA entre ellas), podría ser el encargado de unir las partes si los votos no aparecen. Sus allegados en el Congreso aclaran que si bien el presidente está abierto a nuevas negociaciones después de su reunión con los directivos de Vicentin, la expropiación no está descartada si no hay propuestas superadoras y no es tal fácil que surjan.  

Aclaran que la venta de la compañía a capitales extranjeros y la pérdida de puestos de trabajo es el peor escenario posible "y en eso el consenso con el Gobierno es total". Y que no es tan sencillo cederle la compañía a las cooperativas porque no tendrán 1300 millones de dólares para pagar el pasivo y los acreedores quieren cobrar rápido.  

"Vicentin construyó una terminal millonaria en el puerto de San Lorenzo y en el Gobierno están convencidos que con la quiebra se la queda a una multinacional que dominará el mercado. No es fácil evitarlo sin una participación importante del Estado", admiten. La negociación está en marcha.