La propuesta de los acreedores: pago de capital desde 2025 y el doble de intereses que ofreció Guzmán
Los dos grandes grupos de acreedores que se unieron detrás de una contrapropuesta consensuada para la reestructuración de la deuda hicieron público el detalle de lo que le presentaron esta semana a Guzmán: una reducción de la tasa de interés (cupón) promedio del 7% actual al 4,25%, postergar los vencimientos de capital hasta al menos noviembre de 2025 y 12 meses de período de gracia de modo que hasta mayo de 2021 corran intereses del 1,75% en dólares y 0,75% en euros a pagar con nuevos títulos, aunque este año el pago "cash" sea del 0%.
En 2021 los pagos "cash" serán del 0,75% para los bonos en dólares (con un pago adicional del 1% "en especie") y del 0,25% para los bonos en euros (con un pago extra del 0,5% en títulos). De esta forma, hasta 2022, el país no pagará más que el 1,75% anual de servicio de deuda en dólares (y del 0,75% anual en euros) entre lo que cancele en efectivo y lo que pague "en especie" con nuevos bonos. A partir de 2023, los intereses saltan al 3% y siguen subiendo hasta un máximo del 6,25% para la serie más larga en moneda estadounidense.
Con este esquema se "proporcionará un alivio total del flujo de efectivo superior a USD 36,000,000,000 durante un período de 9 años bajo la metodología utilizada por el gobierno de Argentina", señalaron los acreedores del grupo Ad Hoc y los bonistas del Canje 2005-2010.
Lo primero que pidieron estos dos grupos de bonistas que poseen más de 27% de los pasivos argentinos en discusión es un marco legal más rígido en los nuevos bonos que el que postuló Guzmán a modo de garantía de que no haya nuevas reestructuraciones y que cuando se reestructure la deuda bajo Ley Argentina, esta no reciba un mejor oferta que la deuda bajo Ley extranjera.
Se trata del del grupo Ad Hoc, que nuclea a los principales fondos como BlackRock, Fidelity, Rowe Price, Ashmore y otros, y del grupo de los Bonistas del Canje 2005-2010, entre los que figuran HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management y más.
El otro punto es un cupón PBI para los que reciban bonos con vencimiento en 2037, que ya lo venían pidiendo los bonistas del Canje que descreen que el país no vaya a crecer más de 2% anual por los próximos diez años como proyecta el Ministerio de Economía.
Este cupón, exige a su vez que Argentina siga bajo la supervisión del FMI bajo el Artículo IV. Luego de la intervención del Indec los bonistas exigen que sea otro organismo el que determine de cuánto fue el crecimiento de la economía.
"Argentina requería completar el Artículo IV cada año de manera oportuna (es decir, suficiente para permitir el cálculo oportuno de la Condición de Exceso del PIB). El informe del Artículo IV debe indicar el PIB del año anterior. El incumplimiento de esta condición desencadena el pago automático a la tasa de cupón para el año de referencia relevante", se lee en el documento.
Así el pago de una tasa de interés adicional de 2% será exigible cada vez que el país alcance cierta cota de crecimiento (que va del 2,6% al 2,7% anual), o bien del 3% de lo que crezca el PBI por encima de esa cota de referencia. De estas dos opciones, la que sea menor.
Con la manipulación de las estadísticas todavía en la memoria, los bonistas también exigieron una cláusula de cross default sobre estos cupones: si no se pagan, entra en default el resto de la deuda.
Además, propusieron que los acreedores puedan elegir si seguir con deuda en la misma moneda de los bonos que ya tienen (como establecía la propuesta de Guzmán) o pasarse a euros o dólares según lo consideren conveniente. La oferta del gobierno ofrecía rendimientos sustancialmente más bajos para la deuda en euros.
Por último, los acreedores exigen que al momento de firmar la reestructuración el país cancele lo que debe de los bonos viejos y que además "En la fecha de entrada en vigencia, Argentina satisfará todos los honorarios y gastos del Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos y del Grupo de Titulares de Bonos de Canje, respectivamente, relacionados con la reestructuración, incluidos los de White & Case LLP y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP como los grupos de asesores legales respectivos".