Zannini pidió la intervención del Correo Argentino y avanza la causa contra Macri
Carlos Zannini pidió que se inicie el procedimiento de "salvataje" del Correo Argentino SA, que se desplace a sus autoridades y se nombre un inventor judicial en la empresa, en el inicio de lo que podría ser una ofensiva judicial contra Macri, complicado en la causa por la malograda privatización que su familia llevó adelante en esta institución.
En un escrito presentado ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, el actual procurador del Tesoro coincidió con el dictamen presentado hace casi una semana por la fiscal Gabriela Boquín, en el que la representante del Ministerio Público opinó que durante años hubo un "vaciamiento" de la empresa pública por parte del concesionario Grupo Socma, propiedad de la familia Macri.
El texto, también firmado por el subprocurador Horacio Diez, menciona "irregularidades" con "entidad suficiente para lesionar seriamente" los intereses del Estado, principal acreedor del concurso, que "ve disminuída día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia". LPO había anticipado en exclusiva que Zannini tenía a la causa Correo como una de sus prioridades.
Zannini controlará las causas Correo y Blanqueo que complican a Macri
Días atrás, Boquín afirmó que, durante 15 años, el Correo Argentino "perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa" cuando dictaminó sobre la apertura de un registro para iniciar el procedimiento de salvataje (cramdown).
Para Boquín hubo un "uso abusivo del procedimiento concursal" y la empresa se valió del mismo "para defraudar la ley y los derechos de los acreedores", por lo que pidió esas medidas y advirtió que si se las niegan acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal decidió además, para "los efectos que estimen corresponder", remitir copias de su dictamen a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7.
"Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown -según lo ordenara la Cámara el 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa", expresó Boquín.