Kicillof negocia una ayuda extraordinaria de Alberto para evitar el default

Axel Kicillof enfrentará la semana próxima una negociación crucial con los bonistas para evitar que la provincia entre en default. El Gobernador se reunirá el lunes con los acredores privados, al tiempo que busca una definición para un auxilio económico por parte de la Rosada.

Por estas horas, en el gobierno trabajan para hacer frente al pago de 571 millones de dólares, con vencimiento entre el 19 y el 26 de enero.

El Gobernador avanza en una negociación a doble vía. Por un lado busca cerrar con Nación una ayuda y por otro apuesta a una negociación con los tenedores privados.

Kicillof convoca a la primera ronda de bonistas para negociar la deuda de la provincia 

Del monto que vence en enero, 253 millones están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo de inversión que maneja la Anses. Si bien trascendió que el Gobernador tiene cerrado un acuerdo con Alberto Ferández, tanto en el ministerio de Economía, como en la cartera de Hacienda bonaerense aclaran que no existe un acuerdo cerrado.

Desde el gobierno bonaerense explican que "al igual que con el sector privado estamos negociando con el FGS la refinanciación del vencimiento porque la provincia necesita alivio financiero y porque no hay ningún elemento que indique que nación vaya a asistir al gobierno".

Fuentes del gobierno nacional adminten a LPO que se trata de un tema crucial dada la importancia en términos económicos de la provincia de Buenos Aires. Para la Rosada "es un tema estrictamente político y se va a resolver en términos políticos", asegura una fuente del gobierno. La frase parece dejar claro que la ayuda a Kicillof no admitirá queja alguna por parte de las otras provincias.

Esa ayuda podría bajar a La Plata a través de la renegociación de los bonos que están en manos del FGS. Se trata de títulos en dólares que emitió la provincia y colocó por medio de un mecanismo de suscripción directa con el fondo de la Anses y vencen el 19 de enero.

Por otro canal, el Gobernador avanzará en las próximas horas con la negociación con los tenedores privados. "Convocamos para el lunes a los acreedores internacionales para que hagan propuestas porque entendemos que no es bueno no honrar las deudas", dijo este viernes Kicillof en el Partido de la Costa según da cuenta el portal Letra P.

Se trata de más de 250 millones de dólares, entre capital e intereses, dinero que de no haber renegociación, habría que cancelar el 26 de enero. En rigor, después del vencimiento, el gobierno tendrá 10 días de gracia luego de esa fecha para no ser declarado en default.

Los bonistas extranjeros se agrupan y piden iniciar un diálogo con Kicillof

Se trata del Bono BP21, que fue emitido por el entonces gobernador Daniel Scioli y vence en tres tramos. El primero, ya abonado en enero de 2019, el segundo en los días que vienen y el tercero en enero de 2021.

Según trascendió, dada la estructura del bono, se necesita el acuerdo del 75% de los tenedores de este bono 2021 para cambiar las condiciones del pago. Eso es por una Cláusula de Acción Colectiva (CAC) incluida en los contratos. Malas noticias para Kicillof, todos los bonos con deuda extranjera contienen esa cláusula.

En diciembre un sector de los acreedores internacionales se había organizado para facilitar el diálogo. Ese grupo se había expresado a través de un documento que llevaba la firma de Mens Sana Advisors y BroadSpan Capital en carácter de asesores financieros del conjunto de bonistas.

El texto -adelantado por LPO- señalaba que los miembros de este comité -representativo de la base más amplia de tenedores de deuda de la provincia de Buenos Aires- planea llevar adelante toda interacción con el Estado bonaerense de forma consistente con los "principios para flujos de capitales estables y reestructuración de deuda justa avalados por el G-20, que incluyen el otorgamiento de información transparente y a tiempo, diálogo abierto, acciones de buena fe y justo tratamiento a todas las clases de acreedores".

La negociación se da en medio de las tensiones por la aprobación de la Ley Fiscal en la provincia, que no está asegurada aún. El gobierno sostiene en ese sentido que contar con esa mejoraría su posición negociadora.