Kicillof apeló al concepto del 'lawfare' para justificar la designación de dos ministros procesados

Axel Kicillof apeló al concepto del ‘lawfare' o guerra judicial para justificar los procesamientos que pesan sobre dos ex funcionarios de Cristina Kirchner que hoy juraron como ministros del gabinete bonaerense. Se trata del ministro de Salud, Daniel Gollán, y el titular de la agencia de recaudación de la provincia, Cristian Girard.

El primero se encuentra procesado y fue enviado a juicio oral por las irregularidades en el Plan Qunita, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública. En tanto, el segundo se encuentra procesado en la causa del dólar futuro.

En los decretos que se publicaron este jueves en el Boletín Oficial, el Kicillof justificó los nombramientos al interpretar que, en ambos casos, sus nuevos funcionarios fueron injustamente perseguidos por el Poder Judicial.

El flamante Gobernador apeló al concepto de 'lawfare' para desestimar esos antecedentes. La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una "guerra judicial" o "guerra jurídica". El término había sido utilizado por la vicepresidenta durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

Según Infobae, la expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.

Este neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado "Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity". Ambos consideraron que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de "guerra" llevada adelante en los tribunales.

Kicillof fundamentó los decretos señalando que tanto Girard como Gollán han "declarado bajo juramento" que se encuentran procesados "bajo una injusta persecución penal".

Pero, acto seguido, el Gobernador entiende por qué no debe ser tomado en cuenta ese procesamiento como un impedimento para acceder a la función pública.

"Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de 'lawfare', entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa", dicen los fundamentos de los decretos 6 y 14, donde se designa a Girard y Gollán, respectivamente.

"Que una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública", agregan ambos decretos, para concluir que tanto Girard como Gollán "reúnen en plenitud los requisitos establecidos".

En mayo de este año, la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, le pidió la renuncia a Walter D'Angela, entonces número dos de la agencia de recaudación por estar procesado como supuesto cómplice de Ricardo Echegaray en las maniobras que le permitieron al zar de los medios K defraudar al Estado por 8.000 millones de pesos. 

D'Angela, subdirector ejecutivo de recaudación y catastro del organismo y ex funcionario de la AFIP, quedó procesado como coautor del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. 

En septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal decretó la falta de mérito y sobreseyó al ex funcionario.