Justicia

Procesaron a Aranguren y Laura Alonso en la causa Shell

Es por negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento y abuso de autoridad.

El juez federal Luis Rodríguez procesó este viernes al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por encubrimiento y abuso de autoridad.

Se trata de la causa en la que el ex ministro de Energía es investigado por conflicto de intereses a raíz de su pasado como director de la petrolera Shell en la Argentina. 

Alonso fue procesada por encubrimiento. Esta tarde habló de un "procesamiento político e injusto" y le adjudicó "intencionalidad política". "No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el lawfare", ironizó. 

Hace una semana, la titular de la Oficina Anticorrupción presentó un escrito en los Tribunales de Comodoro Py para solicitar su sobreseimiento. "No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo, no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada y desempeñé mi función con total integridad, probidad y buena fe", sostuvo la funcionaria nacional.

Laura Alonso se negó a responder en indagatoria y pidió ser sobreseída 

En el escrito entregado al juez Rodríguez brindó detalles sobre las actuaciones de su organismo ante el posible conflicto de intereses de Aranguren al frente del entonces Ministerio de Energía y Minería. 

Destacó que le dio intervención a otros organismos, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que en una auditoría subrayó que Aranguren no intervino en procesos vinculados con Shell por haber delegado la firma en el entonces secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.

"No encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA", destacó Alonso, quien solicitó que se dicte su sobreseimiento tras el análisis de la prueba presentada.

La causa judicial comenzó a mediados de 2016 con una denuncia de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.