El Gobierno aumentó el presupuesto en 358 mil millones y se financia con organismos públicos
El Gobierno publicó un DNU que amplía los gastos presupuestarios en $358.000 millones y eleva las expectativas de emisión monetaria para cubrir el rojo fiscal del Tesoro durante la transición.
El cambio fue decidido en reunión de gabinete y se justifica por la mayor inflación a la esperada respecto al presupuesto original, lo que actualizó una serie de partidas asociadas a la misma como el pago de jubilaciones y prestaciones sociales que se llevan casi un tercio de este incremento ($105.000 millones).
El alza también busca enfrentar una mayor carga de servicios de intereses de la deuda, subsidios energéticos y al transporte y los efectos de la reducción del IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Desde el Palacio de Hacienda aseguran que se trata de una ampliación habitual para esta altura del año y que el monto en el cual amplía el gasto primario se encuentra por debajo del promedio del gobierno anterior (15% vs 19%).
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A su vez, sostienen que no modificará las metas fiscales acordadas con el FMI, que permiten un déficit primario de hasta el 0,5% del PBI si se usan los "ajustadores" en gastos sociales y de capital.
En la cartera de Lacunza dicen que la mayoría de este importe se financia vía impuesto inflacionario, es decir, por un mayor crecimiento de la nominalidad de la economía.
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Sin embargo, también debieron emitir otro DNU para constituir una "aplicación financiera gratuita" de diversos organismos públicos a favor del Tesoro Nacional por $86.000 millones, entre los que se destaca el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
Como explicó LPO, la enorme brecha fiscal de hasta $250.000 millones que tiene el Tesoro hasta fin de año es una de las mayores preocupaciones de los equipos económicos de la transición.
Al no poder acceder a los mercados de capitales y con cada vez menos margen de recurrir a entes estatales, la mayoría de los especialistas coincide en que el Gobierno terminará convalidando una mayor emisión.