Iguacel dijo que "los que se quejan de la suba del gas son kirchneristas" y le llovieron críticas
El secretario de Energía, Javier Iguacel, negó este sábado que el plus sobre la tarifa de gas que los consumidores pagarán en 24 cuotas mensuales a partir de enero se trate de una "compensación por la devaluación" a las empresas y acusó a un posteo de la ex presidenta por la "desinformación".
También minimizó el malestar social por la suba de las tarifas al señalar que: "Más de la mitad de los que se quejan por las subas son militantes", apuntando inequívocamente al kirchnerismo, que se hizo eco de los dichos de Cristina Kirchner. El funcionario dijo que si se promedian las facturas de gas de todo el año, el 70% de los hogares paga menos de lo que paga por el servicio de televisión por cable.
"Con total franqueza, porque me meto y las reviso personalmente, más de la mitad de los que dicen son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras. No digo todos, la mitad más o menos. Una gran cantidad, o por lo menos los que me ha tocado revisar a mí, después terminan reconociendo que tenían una fuga de gas o que era una casa de 350 metros cuadrados", afirmó Iguacel, al fundamentar su visión de que las quejas por los aumentos son partidarias.
El viernes por la mañana la resolución 20/18 publicada en el Boletín Oficial informaba: "Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en veinticuatro (24) cuotas a partir del 1º de enero de 2019".
A esto, Cristina tuiteó que se trataba de una compensación por la devaluación -que afectó el precio en pesos del gas que las distribuidoras le compran a las petroleras y trasladan a los usuarios- y agregó: "Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución".
Según explicó el sucesor de Aranguren en diálogo con Marcelo Bonelli por radio Mitre, lo que el Boletín Oficial publicó el viernes por la mañana "no es una compensación por la devaluación", sino que busca cubrir la brecha no facturada entre el precio del gas que las distribuidoras trasladaron a los usuarios en el invierno y lo que ellas pagaron por ese gas. De acuerdo a la ley de gas: "la diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano", explicó Iguacel.
"Todo eso que es transporte y distribución está pesificado. Esos valores estaban dolarizados y en la renovación contractual se pesificaron. Tienen un aumento que no tiene que ver con el dólar sino con el aumento mayorista de precio. (...) Lo que dice la ley del gas del 92, que hoy está en plena vigencia a partir de la caída de Emergencia Económica en enero de este año, es que la distribuidora compra al precio más barato posible y se lo refactura al usuario en la tarifa. En el invierno no se hizo. La productora le pasaba al distribuidor el total del precio, pero el distribuidor no le pasaba el total del precio al consumidor", explicó el secretario de Energía.
Además, el funcionario destacó que, a partir de la mejora de la producción y de las inversiones, los precios se podrán mantener en el tiempo y remarcó que a partir de enero entrará a regir la tarifa plana para los usuarios residenciales.
El aumento que entrará a regir será en promedio del 34,7% promedio para la tarifa, aseguró Iguacel, aunque reconoció que para los sectores medios y bajos será "algo mayor" al aumento promedio, ya que se dejó de penalizar que se consumieran mayores cantidades de gas, lo que favorece a los consumidores residenciales más grandes. Como resultado la factura del 70% de los argentinos será de $700, "que es la mitad de lo que pagan por el cable", según sus análisis.
Tan pronto se conoció la resolución 20/18 comenzaron a hacerse públicas las críticas contra la política de Iguacel. Un grupo de más de treinta asociaciones de defensa del consumidor adelantaron a la agencia NA que harán una presentación conjunta ante la Justicia para impugnar la disposición del Gobierno, al entender que sí traslada a los consumidores residenciales el salto del dólar en un contexto en el que los hogares no están en condiciones de hacer frente a un "extra" cuyo monto se desconoce.
La presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco) que reúne a esta treintena de organizaciones, Inés Bienati, sostuvo que "la situación es desesperante para todos los ciudadanos".
No fue la única. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, calificó al muevo aumento de "irracional e ilegal" y adelantó que "el lunes presentamos un amparo junto a clubes de barrio, centros de jubilados, PyME's, comerciantes, sindicatos y trabajadores/trabajadoras". Katopodis incluso grabó un spot en el que asegura que "es una locura que el gobierno vuelva a aplicar un ajuste y un tarifazo en el bolsillo de los argentinos. El tarifazo en San Martín no pasa".
El reclamo de inmediato fue acompañado por buena parte de los intendentes peronistas del Conurbano. Y el diputado Diego Bossio también se sumó a las críticas: "Presidente, no es bueno el cinismo que manejan sus funcionarios. Le pedimos que pare la mano. ¡Hace pagar a las familias argentinas los errores de su Gobierno para que no pierdan plata las empresas! ¿Cuándo hará que gane la gente? ¡Al menos una vez!", tuiteó el ex titular de la Anses.