Aportes de campaña

El Gobierno apura una ley para blanquear aportes de las campañas

La enviará al Congreso en medio del escándalo de aportantes truchos en la provincia. Habilita financiamiento privado.

El Gobierno enviará en estos días un proyecto de ley al Congreso para regular la financiación de los partidos políticos que contempla la bancarización de los fondos y la posibilidad de aportes de empresas privadas.

La ley fue redactada en febrero por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, iba a presentarse en el segundo semestre pero el caso de los aportantes truchos en la campaña bonaerense aceleró los trámites.

Este jueves, el texto llegó al despacho del secretario legal y técnico Pablo Clusellas para ultimar la letra fina y enviarlo al Congreso cuanto antes.

Uno de los aspectos más polémicos serán los aportes de las personas jurídicas, que ahora están prohibidos pero podrían financiar hasta el 2% de una campaña electoral.

Fuentes del Gobierno señalaron a LPO que se evaluó restringir estos desembolsos a la previa de la campaña, pero se optó por un camino más sencillo.

La ley habilita el aporte de empresas privadas a los partidos políticos. Estáran bancarizados, publicados en internet y supervisados por la UIF y la SIGEN. Resistencia de la oposición. 

La lista de aportantes quedarían reflejados en una página web de cada partido y habría otro registro de proveedores de bienes y servicios para la campaña para chequear si las cifras tienen sentido.

Los datos serán revisados por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y un cuerpo de 24 auditores, uno por provincia.

No será una discusión fácil: en 2016, los senadores Omar Perotti y Juan Manuel Abal Medina presentaron un proyecto para impedir los aportes privados a las campañas. Nunca se trató y caducó en febrero.  

Y esta tarde Máximo Kirchner presentó otro en Diputados que además de prohibir la ayuda de empresas a los partidos fija un fondo para financiar la publicidad en internet de cada candidato.

La ley del Gobierno no se referirá a la publicidad y sostendría los espacios gratuitos que ya tienen los candidatos en la televisión, vigente desde la reforma de 2009.

Pero extendería de 15 a 30 días el plazo previo a las campañas que prohíbe a los Gobiernos hacer actos públicos.