Cruce de Pichetto con una ginecóloga por el aborto: "Si trabaja en el sector público, cumpla la ley"
Miguel Pichetto perdió los estribos durante la segunda jornada el debate por la ley del aborto legal en el Senado y se peleó con una ginecóloga que exigió objeción de conciencia de las instituciones.
"En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley. El proyecto de Diputados se quedó corto", le achacó el jefe del bloque Justicialista a María de los Ángeles Carmona, que habló en representación del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.
Carmona había dicho que "la objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable" y pidió que no haya una lista de objetores pública "porque generaría discriminación del médico en varios aspectos".
La ley, como fue aprobada el 13 de junio, permite la objeción de conciencia individual y obliga a clínicas y hospitales a derivar a pacientes si no tienen médicos dispuestos a practicar abortos.
Fue una redacción apresurada para evitar que la ley de culto enviada por el gobierno incorpore una cláusula más restrictiva y las cirugías para interrumpir el embarazo sean una excepción.
Algunas clínicas y agremiaciones médicas solicitan además una objeción de conciencia institucional, o sea, que los propios establecimientos anticipen en sus cartillas que no practican abortos aunque sean legales.
El lobby se hizo sentir en el Senado y los cordobeses, que iban a votar a favor, pidieron cambios entre ellos un presupuesto a los hospitales provinciales y la tan reclamada objeción de conciencia institucional.
Pichetto, líder de los senadores a favor del aborto, rechazó esa pretensión y abrió un debate entre los senadores que tuvo a la ginecóloga casi media hora en el atril sin poder moverse.
"Con este argumento de la conciencia dejaron en indefensión a chicas víctimas de violación. Hay que tener una mirada más amplia y humana", reprochó el rionegrino.
Carmona aseguró que en su hospital se practican abortos en esos casos, como obliga el Código Penal desde 1921. Y contó que al día siguiente de aprobarse la ley en Diputados recibió a 6 mujeres pidiendo interrumpir sus embarazos y a ese ritmo no hay presupuesto que alcance.
"Me hubiera gustado que fuera como en Uruguay, que primero se creó la infraestructura y luego la ley", reclamó y consiguió que los senadores antiaborto salieran de a uno a respaldarla.
"No podemos atacar a los invitados con temas que ni siquiera están en la ley. Eso lo discutiremos nosotros", la defendió la salteña María Fiore Viñuales.
"Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, el sector público, el sector privado. No es que sale una ley para el sector público o para el sector privado. El debate es desde cuándo empieza la vida", siguió el formoseño peronista José Mayans. "Los invitados no tienen que escuchar tanta perorata", se quejó la tucumana Silvia Elías de Pérez.
Los problemas de conciencia volvieron al debate con el médico Carlos Wechsler, que trajo antecedentes sobre ataques a médicos antiabortistas en Estados Unidos.
Duelo de juristas
Por la tarde el debate se convirtió en una pelea de juristas sobre si es constitucional interrumpir el embarazo, con voces a favor y en contra y un interminable debate de Aida Kermelajer y Elías de Pérez.
La tucumana, que no se mueve de la silla en todas las audiencias, pinchó a juristas a favor de la ley para inducirlos a decir que el embrión es una vida a proteger, con sus propios derechos.
Lo intentó con Andrés Gil Domínguez cuando evocó el alcance de la protección al niño por nacer que figura en la Constitución.
"En la convención hubo dos dictámenes, ganó el de Alfonsín y el de Barra pero aclararon que no se referían al aborto", recordó el abogado.
Alberto García Lema aludió a los tratados internacionales ratificados por la Constitución que protegen al niño por nacer. "No se pueden modificar por una consulta popular", corrigió a la neuquina Lucila Crexell.
Néstor Sagüés, doctor en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales, y el abogado Juan Pablo Echeverría, pidieron respetar el artículo 19 del Código Civil, sancionado en 2015, que alude al niño en gestación. Fue una maniobra de Cristina Kirchner y Jorge Bergoglio, ya convertido en Papa Francisco.
Ricardo Gil Lavedra, que está a favor del aborto, apareció para refutar a sus colegas. "No hay un derecho absoluto a la vida, hay una cuestión incremental y ponderada con otros derechos e intereses. Y en nuestro propio derecho positivo tampoco son cosas iguales: el Código Penal trata diferente a la persona y al embrión".
Cuando le preguntaron por el derecho del padre, se ratificó. "El padre no tiene derecho positivo hasta el nacimiento".
Gregorio Badeni lo confrontó. "En nuestro ordenamiento jurídico nos guste o no nos guste la vida empieza en el momento de la concepción y en ese momento existe un niño y no un embrión".
Pero los de pañuelo verde tendrán para el recuerdo la ponencia de Kermelajer, que estaba dispuesta a quedarse un día para defender el aborto legal, sin negar que la Constitución proteja al bebé en su gestación.
"La Corte Interamericana ha distinguido perfectamente `vida' de 'persona'. Y en el propio Código Civil ya desde Vélez Sarsfield hay una norma que dice que esa persona está sometida a una condición resolutoria: a que nazca con vida",
"No es bueno que se recuerde el federalismo para restringir los derechos de las personas. Este es un tema de salud pública nuestro país".
"La vida del feto no es independiente, está dependiendo de otra persona que tiene órganos femeninos. Las mujeres no somos instrumentos de reproducción humana", enfrentó la jurista a Elías de Pérez, que insistía en pedirle que ratificara la existencia de una persona en la pansa de madre.
"Eso no significa que los derechos sean absolutos", le explicaba y aludió a un caso en el que obligaron a una madre a parir por cesárea en un embarazo avanzado para salvar al bebé.
"No es que siempre defiendo el derecho de la madre", ejemplificó. El proyecto que se debate sólo permite frenar un embarazo antes de las 14 semanas de gestación y se trata el 8 de agosto. El martes vuelven las audiencias.