ENERGÍA

La UCR vuelve a criticar la política energética de Macri

Remarcan el incumplimiento de los compromisos firmados previo al triunfo electoral del 2015.

Luego de las constantes críticas de la Unión Cívica Radical (UCR) a la privatización de Transener y en particular contra el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren, el radicalismo aprovechó la renuncia del ex CEO de Shell para remarcar los incumplimientos energéticos del Gobierno de Macri.

En un documento elaborado por Jorge Lapeña, director del Instituto Argentino de la Energía (IAE) "General Mosconi" y referente de la UCR en cuestiones energéticas, remarcó la falta de diálogo dentro del espacio Cambiemos, la "nula información al ciudadano que tiene el derecho constitucional a informarse" y "la carencia de un funcionario definido con la misión específica de cumplir con los compromisos pactados".

Estos compromisos consisten en una serie de pautas acordadas en 2014 entre el "Grupo de ex Secretarios de Energía" y los principales candidatos presidenciales para las elecciones del 2015 a fin de elaborar una política de estado en la materia.

En consecuencia, se elaboró un documento programático en el cual los firmantes -Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Hermes Binner y Julio Cobos- se comprometieron a utilizar como marco de referencia para la elaboración de los programas de gobierno.

De los trece puntos programáticos de fondo y las tres medidas urgentes, en cinco casos no se han cumplido ni siquiera en sus fases preliminares y en otros siete los cumplimientos fueron parciales y con importantes omisiones, denunció Lapeña.

Lapeña denuncia que de los trece puntos "programáticos de fondo" y las tres "medidas urgentes", en cinco casos no se han cumplido ni siquiera en sus fases preliminares y en otros siete los cumplimientos fueron parciales y con importantes omisiones.

Entre estos casos, destacan el incumplimiento de la reforma del marco jurídico de los hidrocarburos, de la aprobación por ley del congreso de un plan energético nacional, la falta de una ley de programa para la construcción de nuevas centrales nucleares, la ausencia de un plan nacional de exploración de hidrocarburos, de un régimen ambiental especial sancionado por ley del Congreso para la exploración y explotación de recursos fósiles no convencionales y de un programa nacional de hidroeléctricas.

A su vez, remarcan que "no se haya cumplido la primera de las medidas urgentes estipuladas: la auditoría independiente sobre el inventario de reservas de hidrocarburos en todas sus categorías".

Como usualmente sucede en los críticos documentos radicales, en la parte final reconocen ciertos avances como "la normalización y puesta a punto del sistema eléctrico del área metropolitana y el cambio del sistema de importación del Gas Natural Licuado (GNL) que ha disminuido los precios por una mayor competencia".

También califican positivamente la normalización de los entes reguladores energéticos nacionales, los procesos de Revisión Tarifaria Integral (RTI) de las empresas prestatarias de servicios públicos energéticos, la disminución de los subsidios energéticos socialmente no justificados, el establecimiento de una tarifa social para los sectores carecientes y el avance en materia de promoción de la inversión de las energías renovables.