Rajoy se reúne con los líderes opositores y podría intervenir la Generalitat
El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, convocó para mañana al Consejo de Ministros para una reunión extraordinaria que debe considerar las medidas a adoptar después de la declaración de "independencia en forma de República", que formuló en su discurso en el Parlamento catalán el presidente Carles Puigdemont.
En Madrid estudian enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat, para que cese en su actitud de rebeldía contra la Constitución y el gobierno central. Este es justamente el primero de los requisitos que establece el famoso artículo 155 de la Constitución cuya aplicación se ha debatido intensamente estas últimas semanas.
Esta noche, tras el plenario en el que Puigdemont reivindicó la declaración de independencia, pero pidió abrir una negociación con España, desde el gobierno central calificaron al catalán como alguien "que no sabe dónde va ni lo que quiere". En tanto, evitaron dar una respuesta inmediata a la declaración en suspenso de la independencia.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que lo realizado por el gobierno catalán es "ilegal" y que no puede "arrogarse la representación de la voluntad de los catalanes".
"No es aceptable que en el Parlament se constate que la mayoría de los catalanes quieren una repiblica y la independencia", dijo.
Sáenz de Santamaría anunció para mañana una reunión extraordinaria del gabinete de ministros y el comienzo inmediato de una ronda de consultas con líderes de los principales partidos políticos.
De hecho, en un gesto inusual, Rajoy recibió al secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez. El encuentro comenzó pasadas las 22, en España, lo que da cuenta de la gravedad del momento.
Rajoy está buscando el máximo consenso antes de adoptar medidas. Además de la reunión extraordinaria de su gabinete, Rajoy comparecerá mañana, en forma voluntaria, en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta insistió que el referendo de autodeterminación del 1 de octubre -que fue reprimido por la policía nacional en las calles y en los centros de votación- fue "un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías".