El ADN hallado en las camionetas de Gendarmería no coincide con el de Santiago
El juzgado federal de Esquel, que conduce el juez Guido Otranto, informó este martes que las muestras de ADN obtenidas en los vehículos de Gendarmería no son compatibles con las entregadas por la familia de Santiago Maldonado.
Así se desprende de las pericias realizadas por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que analizó 80 muestras obtenidas en las camionetas de Gendarmería, en una casa que habitó Santiago en El Bolsón y en ropa que habría utilizado.
Otranto detalló en un comunicado difundido por el CIJ que se descartó que exista compatibilidad en 23 muestras encontradas en vehículos de Gendarmería, mientras que otras 14 muestras resultaron no viable para ser cotejadas. Esto puede darse por distintas razones, una que las camionetas hayan sido lavadas, como denunció el entorno del joven desaparecido. En su momento, el defensor oficial Fernando Machado había dicho que las camionetas estaban "demasiado limpias".
Hace un mes, en pericias realizadas en el Escuadrón 35, ubicado en la ciudad de El Bolsón, se habían hallado cabellos y rastros de sangre en un móvil tipo Unimog de la Gendarmería, similar al que los testigos señalan como el que habrían subido a Santiago. Pero en las pruebas científicas no se encontró ningún indicio sobre el joven desaparecido el 1º de agosto.
"En total, se habían enviado 82 muestras. Queda pendiente el análisis de 2 muestras, una de ellas fue encontrada en el camión Mercedes Benz Unimog JYI-842 y la otra en el buzo negro que pertenecería a Santiago Maldonado", informó el juez Otranto.
Sí resultaron positivas las muestras tomadas en una mochila negra y en pelos secuestrados en la vivienda en la que residió Maldonado en El Bolsón, en un buzo negro entregado por un conocido en el juzgado y en un cuello que presuntamente habría utilizado.
Declaran 3 gendarmes
Al mismo tiempo que se conocía el resultado de las muestras de ADN, tres gendarmes que participaron del operativo en la comunidad Pu Lof ingresaron al juzgado de Esquel para declarar ante Otranto. Hasta ahora, el juez no había hablado con ningún efectivo de la fuerza.
Entre los que declaran ante Otranto estaría un gendarme de apellido Robledo, señalado por haber arrojado un piedrazo que habría golpeado a uno de los manifestantes mientras cruzaba el río. Se desconoce el nombre de los otros dos, pero serían del grupo de los siete que el Gobierno puso en la mira para intentar "limpiar" al resto de la fuerza.
Un gendarme se tapa la cara al ingresar al juzgado de Esquel
Lo llamativo de esta versión es que este gendarme recién habría dado su versión del episodio ayer, 40 días después de los incidentes en Esquel y la desaparición de Santiago. Aparentemente, esto se debió a que Robledo pidió licencia después del operativo, aunque durante días desde el Gobierno y la fuerza se insistió en que todos los efectivos habían prestado declaración en el marco de la investigación interna.
También esta mañana funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación le acercaron a Otranto la declaración de otros dos gendarmes que participaron de la represión. "Quisimos traer en forma urgente estas declaraciones tomadas en el marco de las actuaciones administrativas que hizo la Gendarmería y que son muy importantes para la investigación", dijo Gonzalo Cané, secretario de la cartera que conduce Patricia Bullrich.
Al mismo tiempo, en las últimas horas se dejó trascender desde el Gobierno que las sospechas están centradas en otro efectivo, de apellido Echazu, que sufrió una fractura de mandíbula en el operativo y que podría haber golpeado a Santiago, según sospechan los investigadores. A pesar de haber sido herido y de las sospechas, Echazu es el gendarme que firmó el acta del operativo. También está de licencia desde el día de la represión.
La agitación de versiones sobre un "exceso" de algún gendarme busca deslindar responsabilidades de la Gendarmería y, en segunda instancia, de funcionarios del Ministerio de Seguridad como Pablo Nocetti. "Ahora desde el Gobierno agitan la teoría del chivo expiatorio, buscando un gendarme y cargarlo con todo a él. Si hubiera un juez que cumpliera efectivamente sus funciones, ya estaríamos más avanzados en la investigación", opinó la ex ministra Nilda Garré.