Un nuevo dato complica a Aranguren en la denunciada contratación de la UTN
La Universidad Tecnológica de Venado Tuerto salió a despegarse de la denuncia de Margarita Stolbizer por "transferencias millonarias" por parte del Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, a una asociación vinculada a la institución, pero un nuevo dato pone más sospechas sobre el convenio.
Si bien la UTN salió a defender la legalidad del convenio con el Estado Nacional y la legalidad de la creación de ONGs para canalizar esos acuerdos, ahora surgen dudas respecto a la validez del convenio sellado con Energía ya que estaría en contradicción con un decreto presidencial.
La modalidad de creación de asociaciones y fundaciones era una práctica corriente en las universidades de todo el país desde hace un par de décadas), en febrero del 2016 Mauricio Macri puso fin a este sistema al detectarse importantes partidas transferidas a casas de estudios con vínculos con el kirchnerismo.
El nuevo decreto (336/2016) ordenaba que "los convenios -celebrados por las universidades nacionales- cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril".
Asimismo, la continuidad del acuerdo quedaba subscripto a la aprobación o no del jefe de Gabinete. Por otro lado, se prohibían firmar nuevos convenios de contratación a partir del primero de marzo de ese año sin previa intervención del ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra.
El convenio entre el ministerio de Energía con la Asociación Tecnológica Venado Tuerto está rubricado el 15 de marzo del 2016, quince días después de regir la prohibición expresa que impuso Macri para validar estos contratos aunque desde la UTN sostuvieron que la rúbrica se encuentra dentro de los plazos legales.
Elemento que tendrá que definir el fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la investigación.
El descargo de la UTN
Según la presentación de Stolbizer, la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN) realizó un convenio con el Ministerio de Energía por "la suma de 13.510.986 pesos" hasta marzo de 2017, de los cuales la ONG se quedó con "el 10%". "El objeto del convenio es la realización y coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo", expresa la presentación.
A entender de la denunciante, el acuerdo consta de "cláusulas genéricas sin cuentas claras y con transferencias millonarias manchadas por la intermediación de asociaciones civiles que no poseen ningún tipo de control".
Desde la UTN salieron a responder la acusación y negaron que haya desvíos de fondos. Su decano, Jorge Amigo, afirmó en conferencia de prensa que Stolbizer "tergiversan la verdad y tratan de poner en duda la honestidad de las personas que manejamos estas instituciones desde hace muchos años".
En rigor, la creación de Asociaciones Civiles en las universidades fue una práctica extendida a partir de la Ley de Educación Superior -N° 24.521- que en su artículo 60 permite la "constitución de fundaciones, sociedades u otras formas de asociación civil, destinada a apoyar su labor, a facilitar las relaciones con el medio".
A través de estas figuras jurídicas, las Universidades canalizaron convenios con el Estado y empresas privadas, facturaban servicios o contrataban personal temporario para realizar trabajos concretos.
"Las fundaciones o asociaciones civiles que se crearon en distintas facultades fueron la forma legal para poder prestar servicios a terceros y son estructuras independientes a las universidades", explicó Nelson Geraci quien se desempeñó como secretario de Relaciones Institucionales en la UTN de Rosario.
"Este mecanismo permitía que haya agilidad para pagar, comprar insumos y facturar los servicios que se prestan", sostuvo Geraci quien detalló que lo referido a la protocolización de instrumentos de medición, mantenimiento y calibración, por ejemplo, se realizaba a través de esta modalidad.
"Cuando había asuntos urgentes se utilizaban los fondos de estas fundaciones para dar respuestas ya que los procedimientos institucionales de las universidades son mucho más lentos y burocráticos", concluyó el académico.
Por otra parte, el decano de la UTN de Venado Tuerto aclaró que el 10 por ciento que cobró ATEVEN forma parte de los acuerdos marcos y argumentó que gracias a "estos convenios y con ayuda de otras fuentes se pudo refaccionar el edificio de calle Castelli y Alvear y adquirir, en junio de 2017, el inmueble lindero por calle Castelli, entre otras cosas".
Stolbizer radicó la presentación en la Fiscalía Federal número 9, cuyo titular Guillermo Marijuan deberá determinar si ha habido desvíos de fondos de parte de la institución y si Aranguren pudo haber perpetrado los delitos de "malversación de caudales públicos" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Marijuan denunció en 2016 a los titulares de 52 Universidades nacionales para que se investiguen los millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por parte de los gobiernos kirchneristas, de 2003 a 2015.