El oficialismo reconoce que denunció a los camaristas como "correctivo" a la Justicia
El pedido de juicio político que el Ministerio de Trabajo presentó contra los camaristas que avalaron la paritaria de los bancarios, amenaza con convertirse en un nuevo escándalo del gobierno de Mauricio Macri, donde por estas horas admiten que el objetivo es que la maniobra sea un "correctivo" a la Justicia díscola.
La denuncia de la cartera que conduce Jorge Triaca contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por "mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad" cosechó en pocas horas un amplio rechazo en el mundo judicial y empieza a extenderse a la política, donde advierten que se trata de una apretada lisa y llana a la Justicia.
Fuentes del gobierno consultadas por LPO reconocieron que será difícil avanzar contra Arias Gibert y Marino en el Consejo de la Magistratura, y que esta semana la utilizarán para ver cómo evoluciona el tema y qué grado de consenso tienen entre los consejeros como para avanzar con la destitución.
El hombre del Gobierno que junta los diez votos necesarios en el Consejo de la Magistratura es Juan Baustista Mahiques. Cerca de este consejero explicaron a LPO que sus prioridades son otras: "Juan está abocado a conseguir el consenso para destituir al camarista Freiler y avanzar en los nombramientos de los cien jueces que el Presidente le pidió sacara este año".
La denuncia será sorteada el jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina, donde el oficialismo tiene amplia mayoría, para que un consejero de esa comisión instruya el expediente y presente al plenario un pedido de avanzar con el pedido de juicio político, o con la desestimación de la denuncia.
Las fuentes consultadas explicaron que si el Gobierno percibe que no logra consenso podrían dejar el tema dando vueltas, como una forma de mantener la presión contra los camaristas díscolos. Se trata de una vieja táctica usada por el kirchnerismo para disciplinar jueces bajo la amenaza de mover los expedientes en la Magistratura.
Todo parece indicar que se trata de un nuevo caso de prueba y error del macrismo, del ya clásico "si pasa, pasa", que utilizaron con los jueces de la Corte por decreto, el Correo o las jubilaciones. En este caso, el gobierno quiere medir como cae entre los jueces y abogados que integran el Consejo y también en el resto de la corporación judicial.
Es por eso que los consejeros que responden al macrismo tomaron con pinzas la denuncia del gobierno contra Arias Gibert y Marino y ninguno quiere apresurarse a avanzar. Más bien, esperarán a ver si es una advertencia o un correctivo del Gobierno, o si de verdad quieren ir a fondo.
Los últimos retrocesos de la Rosada en temas que explotaron en la opinión pública -como el Correo o las jubilaciones- hacen pensar a los consejeros que avanzar con el juicio político podría ser inmolarse, si es que al final el Gobierno da marcha atrás.
El juez Leónidas Moldes y la presidenta del Consejo, Adriana Donato
El macrismo cuenta con ocho votos seguros en el Consejo de la Magistratura y para la remoción de un juez necesita nueve. La semana pasada logró ese noveno voto, el del académico Jorge Candis que solía votar con los consejeros kirchneristas (son cuatro, el diputado Rodolfo Tailhade, los senadores Virgina García y Ruperto Godoy, y la jueza Gabriela Vázquez.
Pero en este caso, los ocho votos no estarían tan claros ya que habrá que esperar la reacción de jueces y abogados contra una medida del Gobierno muy sensible para la corporación judicial. De hecho, el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, ya criticó la acción oficial y es el jefe político de Adriana Donato, la titular del Consejo.
Entre los votos en duda del oficialismo habría que contar también los de los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, y el abogado Miguel Piedecasas. Los votos seguros serían de los diputados de Cambiemos Pablo Tonelli y Gustavo Valdés, del senador Ángel Rozas y del representante del Ejecutivo, Juan Mahiques.
Tonelli, Rozas y Valdés