El Consejo de la Magistratura confirmó que el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, promovió el juicio político contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes avalaron la paritaria de los bancarios.

Ambos expedientes fueron impulsados ayer por la cartera laboral y quedaron registrados con los números 14 y 15/17 de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, según informó la agencia DyN. El jueves próximo, la Comisión se reunirá en su habitual sesión semanal y resolverá, por sorteo, qué consejero se hará cargo de la instrucción de la denuncia.

Voceros del Consejo confirmaron que el pedido de juicio político se fundamenta en la "interpretación" que los camaristas del fuero laboral Arias Gibert y Marino hicieron respecto de los alcances y aplicación de la paritaria bancaria, cuyo incumplimiento estuvo a punto de derivar en un paro de 72 horas la semana pasada.

El Gobierno acusa a los camaristas por mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad a los camaristas. Uno de los argumentos del Ministerio sería que tomaron esa decisión en medio de la feria judicial, que omitieron la conciliación obligatoria y que se excedieron en sus atribuciones.

Como explicó LPO el lunes por la noche, llamaba la atención la cerrazón informativa del Gobierno con el tema, al punto que ni desde la Casa Rosada y ni del Ministerio de Trabajo confirmaban o desmentían la información. En el Ministerio de Justicia tampoco tenían información y se limitaron a aclarar que Germán Garavano está "de licencia".

Esta mañana el silencio oficial continuaba, aunque LPO supo que si bien la presentación formal la hizo el Ministerio de Trabajo, todo el Gobierno trabajó en la presentación. Ahora, ya empezaron a operar en el Consejo de la Magistratura para conseguir los votos necesarios para iniciar el juicio político.

Se trata de una jugada muy peligrosa del Gobierno, que ya generó fuertes repudios de sectores judiciales y políticos, y que empezó a ser leída como un intento de coerción y disciplinamiento de los jueces que se animen a fallar contra los intereses de la Rosada.

"No es republicano"

El camarista Enrique Arias Gilbert salió al cruce de la acusación de Triaca y afirmó que "los jueces no pueden ser juzgados por su sentencias, porque pueden producir la desaparición de la división de poderes".

"Una opinión de un juez, expresada en un fallo, no puede ser motivo de denuncia. Si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento", dijo el juez de la Cámara de Apelaciones de Trabajo.

"Soy juez desde 1989, tengo bastante años en esto y nunca recibí este tipo de respuesta. Fallé con decisiones que no le gustaron a Menem, que no le gustaron a De la Rúa, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, pero nunca recibí esta respuesta", sostuvo en diálogo con Radio 10. "Nunca ocurrió algo así en democracia", lamentó.