Garrido investiga a Electroingeniería por sobreprecios
Es por la ampliación de alta tensión que une Madryn y Pico Truncado, que fue adelanto exclusivo de La Política Online. Según una nueva denuncia, la firma socia del Estado en Transener participa de la construcción y de los controles. "Es juez y parte", afirman.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) recibió la última semana una ampliación de la denuncia en el caso que investiga presuntos sobreprecios por 150 millones de pesos en la obra del tendido eléctrico de alta tensión que une Puerto Madryn (Chubut) con Pico Truncado (Santa Cruz), realizada por la firma Intesar SA, subsidiaria de Electroingeniería.
La nueva presentación dice que esa empresa también sería la responsable de supervisar la operación y el mantenimiento de las líneas eléctricas del país por su participación en Transener (sostiene que es "juez y parte" en el tema) y pregunta por qué se le otorgó la explotación de la línea eléctrica por 80 años más, es decir, hasta el 2088.
El caso comenzó en junio, cuando los diputados que responden a Elisa Carrió pidieron a la FIA investigar por qué el tendido eléctrico de alta tensión (inaugurado este año) que unió Puerto Madryn con Pico Truncado costó 842.000 pesos por kilómetro, cuando una obra muy similar hecha dos años atrás, que llevaba la electricidad desde Choele-Choel hasta Puerto Madryn, se había pagado 581.000 pesos el kilómetro.
En la ampliación de su denuncia, a la que tuvo acceso La Nación, los diputados piden investigar por qué el Estado le entregó a Electroingeniería la explotación de la línea eléctrica de alta tensión investigada hasta el año 2088. También plantea que esa firma y Enarsa compraron juntas el 50% de Citelec, la firma que controla el 52% de Transener. Como Transener es la empresa designada por el Estado argentino para supervisar la construcción, operación y el mantenimiento del tendido eléctrico nacional, Pérez y Morán afirman en la denuncia que "Electroingeniería es juez y parte, mezclando el interés público y el privado".
Consultados por La Nación, voceros de Electroingeniería desestimaron la nueva denuncia y señalaron que esa empresa es accionista minoritaria en una proporción del 13% en Transener, y por lo tanto no tiene el control de la voluntad social. También sostuvieron que la compra de acciones de Citelec fue autorizada por el ENRE y la Comisión de Defensa de la Competencia, "quienes acreditaron ausencia de conflicto de intereses".
La nueva presentación dice que esa empresa también sería la responsable de supervisar la operación y el mantenimiento de las líneas eléctricas del país por su participación en Transener (sostiene que es "juez y parte" en el tema) y pregunta por qué se le otorgó la explotación de la línea eléctrica por 80 años más, es decir, hasta el 2088.
El caso comenzó en junio, cuando los diputados que responden a Elisa Carrió pidieron a la FIA investigar por qué el tendido eléctrico de alta tensión (inaugurado este año) que unió Puerto Madryn con Pico Truncado costó 842.000 pesos por kilómetro, cuando una obra muy similar hecha dos años atrás, que llevaba la electricidad desde Choele-Choel hasta Puerto Madryn, se había pagado 581.000 pesos el kilómetro.
En la ampliación de su denuncia, a la que tuvo acceso La Nación, los diputados piden investigar por qué el Estado le entregó a Electroingeniería la explotación de la línea eléctrica de alta tensión investigada hasta el año 2088. También plantea que esa firma y Enarsa compraron juntas el 50% de Citelec, la firma que controla el 52% de Transener. Como Transener es la empresa designada por el Estado argentino para supervisar la construcción, operación y el mantenimiento del tendido eléctrico nacional, Pérez y Morán afirman en la denuncia que "Electroingeniería es juez y parte, mezclando el interés público y el privado".
Consultados por La Nación, voceros de Electroingeniería desestimaron la nueva denuncia y señalaron que esa empresa es accionista minoritaria en una proporción del 13% en Transener, y por lo tanto no tiene el control de la voluntad social. También sostuvieron que la compra de acciones de Citelec fue autorizada por el ENRE y la Comisión de Defensa de la Competencia, "quienes acreditaron ausencia de conflicto de intereses".