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La fiscal contradice al Gobierno y dice que el Grupo Macri tiene que pagar intereses

Citó un caso en el que la sala que debe homologar el acuerdo obligó al pago de intereses, que la Rosada niega.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió un nuevo dictamen en contra el polémico acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado para cerrar el concurso del Correo Argentino, y advirtió que pese al planteo del Gobierno sí corresponde que la empresa pague intereses.

En este dictamen presentado ante la Cámara, la fiscal advirtió que tomó conocimiento de una acción entablada por Correo Argentino (Socma) contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada.

Esa demanda, añadió, fue entablada 15 días antes de la audiencia en donde se cerró el acuerdo para que la empresa pague su deuda de aquí a 2033 con una tasa del 7 por ciento hacia adelante solamente sobre el capital verificado, algo menos de 300 millones de pesos. Boquín sostiene que esto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033.

Según la fiscal, esa nueva demanda en el fuero Contencioso demuestra que la empresa "adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella".

Para la fiscal, la posición de Correo en el expediente contencioso "convierte aun en más abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago".

Boquín también rechaza los argumentos del gobierno acerca de que no corresponde que se computen los intereses de 2003 a la fecha, como establece la ley de quiebras. La fiscal sostiene que la norma habla de “suspensión” y no de “interrupción o condonación”.

Al respecto, indica que la Sala que debe definir si homologa el acuerdo entre el Grupo Macri y el Gobierno de Macri ya determinó en el caso de Capital Food que efectivamente la concursada tiene que afrontar el pago de intereses. También menciona otros casos donde la sala E del fuero comercial falló en el mismo sentido.

“La falta de ofrecimiento de una adecuada tasa de interés sumado a la larga espera en el pago, determina una depreciación de lo ofrecido por el sólo transcurso del tiempo que infringe el límite moralmente permitido por nuestro sistema legal considerado en su totalidad, violando, además, el derecho de propiedad de los acreedores concursados”, que “la espera… sin que la propuesta preserve adecuadamente la incidencia provocada por el diferencia del pago, de modo tal que, en rigor supone una quita superior a la prevista”, cita la fiscal.

Esta mañana, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió el acuerdo argumentando que “no se pueden aplicar intereses sobre la deuda” y solo se puede cobrar el capital verificado. También afirmó que el Grupo Macri es “un deudor sin recursos económicos” para afrontar el pago.

La fiscal también descartó eso. En el nuevo dictamen indica que el Grupo “posee activos: créditos con expectativa de cobro contra el mismo acreedor al cual se le ofrece una forma de pago abusiva”. Además, afirma que en caso de una hipotética quiebra, “siempre existe la posibilidad de iniciar las acciones de recomposición patrimonial” contra los socios o la firma controlante de Correo Argentino SA, es decir Sideco, de la familia Macri.