Lavado

Detienen a los abogados Mossack y Fonseca, y confluyen los casos Panamá Papers y Lava Jato

Los acusan de lavar dinero de la corrupción en Brasil. En Perú, ordenaron la captura del ex presidente Toledo.

Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Panamá Papers, fueron detenidos este jueves, acusados de lavar activos provenientes del caso de corrupción más grande de la historia de Brasil, el Lava Jato. La detención de los abogados también golpea de cerca al presidente panameño, Juan Carlos Varela.

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack fueron detenidos de manera preventiva tras declarar en el Ministerio Público panameño y luego de que sus oficinas fueran allanadas. Según la investigación, el bufete habría actuado como “una organización criminal” dedicada a ocultar activos de origen sospechoso dentro del caso “Lava Jato”

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, indicó que Mossack Fonseca (dedicado a la creación de sociedades offshore) daba instrucciones a su “encargada” en Brasil para “ocultar documentos y eliminar evidencias”, y hacer que dinero proveniente de sobornos regresase “lavado o blanqueado a Panamá”.

El caso amenaza con provocar un terremoto político. Antes detenido, Fonseca le apuntó directamente al actual presidente de Panamá, al que acusó de haber recibido “donaciones” de parte de la brasileña Odebrecht, la principal implicada en el Lava Jato. Un dato no menor es que Foseca fue ministro consejero de Varela, a quien ahora acusa.

“Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son soborno”, se defendió Varela, admitiendo la existencia de los aportes. “Ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña”, agregó el mandatario.

El presidente de Panamá (izq) junto a su ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

De acuerdo a la admisión que hizo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht pagó coimas en Panamá por unos 59 millones de dólares entre 2009 y 2014, durante la presidencia de Ricardo Martinelli. La fiscalía panameña investiga por este caso a dos hijos y el hermano del ex mandatario.

Lo impactante de la detención de los abogados Mossack y Fonseca es cómo confluyen los dos casos de corrupción más impactantes de los últimos años en América Latina. El caso Odebrecht ha provocado una crisis inédita en la política brasileña y empieza a extenderse a otros países, como a Perú, donde ayer se ordenó la captura internacional del ex presidente Alejandro Toledo.

Toledo está acusado de recibir sobornos por unos 20 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica. El ex presidente no está en Perú y hasta el fin de semana se lo ubicaba en Francia. Cuando estalló el escándalo, Toledo se fue a EEUU, donde reside y tuvo que negar que se hubiera fugado. Como explicó LPO, en Perú el Lava Jato amenaza también a los ex mandatarios Alan García y Ollanta Humala, y roza al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski.  

Alejandro Toledo

Otro país donde acaba de explotar el caso Odebrecht es en Colombia. La Fiscalía General sospecha que la constructora giró un millón de dólares para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Ese dinero habría llegado a través de un congresista que recibió otros 3,6 millones y está actualmente detenido.

En Argentina el caso Panamá Papers afectó directamente a Mauricio Macri, mencionado por la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales. El presidente es investigado por no haber declarado su participación en esas sociedades. Además, el fiscal Federico Delgado sospecha que Franco Macri podría haber lavado dinero en esas firmas.

En el caso de Odebrecht, la firma confesó el pago de coimas por 35 millones de dólares en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. En su reciente visita a Brasil, Macri le pidió a la Corte de ese país que revele los nombres de los argentinos involucrados en el Lava Jato. Lo mismo hizo ante el Departamento de Justicia de EEUU. Macri cree que con esa información podrá despejar sospechas sobre el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, acusado de haber cobrado 600 mil dólares de un operador de la constructora brasileña.