Exclusivo: El dictamen completo de la fiscal que denunció el escándalo del Correo
“La propuesta es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Esa es la principal conclusión del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín -al que accedió LPO- respecto a la maniobra del Gobierno nacional para aceptar la propuesta de Socma y perdonarle a la firma de Franco Macri una deuda de unos 70 mil millones de pesos.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hace un detallado análisis del proceso y devela el rotundo cambio que hubo en el mismo a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder. Boquín lo resume simple: la propuesta aceptada “no difiere sustancialmente” de las que se habían rechazado y el Estado cobrará “una suma inadmisible”.
“La aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”, sostiene la fiscal.
Luego, detalla la primera oferta de la empresa en la audiencia del 28 de junio, rechazada “a viva voz” por el representante del Estado nacional, Juan Carlos Mocoroa, el mismo que después de un cuarto intermedio aceptó otra propuesta “superadora”. Lo hizo, según la fiscal, sin “un soporte técnico que lo avale”. “El valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, especifica.
El cambio de estrategia
Boquín afirma que en el proceso existió una “irregular modificación de la estrategia de defensa de los intereses del Estado”. Recuerda que en las negociaciones anteriores, los representantes estatales denunciaron que las ofertas de Socma fueron un “artilugio para seguir demorando el procedimiento y continuar usufructuando de los beneficios de una ley a costa de los acreedores”.
Boquín señala además que “no debió actuar un funcionario con designación transitoria en representación del Estado Nacional”, ya que Mocoroa tenía una designación excepcional por 180 días y la reglamentación establece que debe hacerlo un funcionario de planta permanente, que acredite los “estándares mínimos para el acceso al cargo”. La fiscal acusa al director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones de violar “el deber de garantizar la mejor defensa de los intereses del Estado”.
Completa la fiscal indicando que “corresponde analizar si a la luz de lo establecido por la ley de Ética Pública (Mocoroa) podía -de haber recibido instrucción por parte de autoridad competente o siéndole delegada la facultad- prestar la conformidad, en tanto implica renuncia a un interés patrimonial del Estado, en beneficio de los intereses particulares de la concursada”.
Esto es así porque según Boquín “la existencia de conflicto de interés surge palmaria” en este caso debido a que el funcionario que aceptó el acuerdo depende del Presidente y sus familiares resultaron beneficiados. “Ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, dice. En todo caso, debió haber requerido la opinión de la Oficina Anticorrupción o la Comisión de Ética Pública.