El Gobierno le marca la cancha a la CGT y ya habla de paritarias con un techo de 17%

Después de la reunión con empresarios y sindicalistas del CGT y del acuerdo para que se negocie un bono de fin de año con una base de 2000 pesos, el Gobierno salió a marcarle la cancha a la central obrera y advirtió que las paritarias de 2017 deberán negociarse en torno a la meta inflacionaria, prevista en un 17%.

Así lo afirmó este jueves el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien afirmó que el bono que negociarán trabajadores y empresas servirá para que las paritarias del año próximo se discutan a partir de la inflación registrada desde enero próximo. En el Gobierno, insisten en que la inflación de 2017 estará entre un 12 y un 17 por ciento, con lo cual ese sería el techo de las negociaciones.

"Hablamos de cerrar el 2016 para que la paritaria del año entrante refleje la inflación a partir de enero, febrero y marzo, y no como fue este año, que llevaron el arrastre de la inflación anterior. Esto nos permitiría ir a un sendero de mayor cercanía a la realidad", resaltó Triaca en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

El ministro agregó que esa idea fue apoyada por los representantes de la CGT ya que "quedó manifestado en el acta firmada ayer" durante la reunión que mantuvieron junto a las cámaras empresarias en el marco del denominado "Diálogo para la Producción y el Trabajo". De todos modos, los gremios no coinciden en que se haya igualada la inflación, que en términos interanuales supera el 40%.

La intención oficial de imponer un techo a las paritarias es un clásico de los últimos años, ya que antes el kirchnerismo y ahora el macrismo consideran que así se logran frenar las expectativas inflacionarias. Sin embargo, la experiencia reciente indica que la Rosada sólo pudo influir en marcar una “pauta” de negociación.

La idea de Triaca choca también con los distintos sectores empresariales que ya avisaron que no pagarán el bono de fin de año, algunos porque acaban de cerrar paritarias, como el caso de Comercio o Construcción, y otros porque aseguran que sus sectores no están en condiciones de hacerlo, como las Pymes.

A las quejas del titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, hoy se sumó otro representante del sector pyme. Se trata del presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Zylbersztein, quien adelantó que su sector no podrá pagar el bono de fin de año "sin la asistencia del Estado".

Zylbersztein también rechazó lo negociado porque las pequeñas y medianas empresas no fueron convocadas. "La mesa que negoció ayer no tiene representatividad porque las pymes, centralizadas en tres grandes entidades como son la CAME, APYME y CGERA, no fueron convocadas", afirmó en diálogo con Télam.

"Si las pymes representan el 80 por ciento de los trabajadores, ningunearnos es un absurdo. Por otra parte, que no aseguren esos 2.000 pesos y después se tenga que negociar en paritarias, es trasladar un problema a una mesa futura", continuó Zylbersztein, que propuso al Gobierno que les otorgue beneficios impositivos para poder pagar el bono.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Eduardo Fernández, quien advirtió, en declaraciones a Radio 10, que las firmas más chicas "no podrán pagar un bono de fin de año sin asistencia del Estado" y lamentó que en la negociación por ese ítem se realizó "con la ausencia del sector". También el titular de CGERA, Marcelo Fernández, pidió ayer que les descuenten impuestos para poder pagar.

Triaca se adelantó a estos reclamos y resaltó que al acuerdo "se sumó el aporte del sector financiero y bancario, habilitando líneas de crédito para las Pymes", al tiempo que también señaló que "están dispuestos a dar distintas facilidades" al sector empresario.

Rechazo a la suspensión de despidos

Por otro lado, el Gobierno también descartó de plano imponer una suspensión de los despidos por 90 días, como plantearon ayer desde el sector sindical y hoy ratificó Juan Carlos Schmid. "Vamos a insistir en que se suspendan los despidos y que también se dejen de aplicar las suspensiones, por lo menos por un plazo de 90 días, que es el tiempo que dice el Gobierno que necesita para llegar a la ansiada reactivación", explicó el integrante del triunvirato de la CGT.

Pero el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, rechazó la idea. El funcionario explicó que "la CGT pidió incorporar este tema para dialogar en el próximo encuentro de la Mesa, (pero) ni por ley ni por decreto vamos a definir esto porque creemos que es una forma ineficaz, que genera resultados contraproducentes".

"No creemos en esas herramientas, creemos que genera efectos contrarios como una situación de pánico que no tiene nada que ver con la realidad porque desde enero empezó a recuperarse el empleo", reiteró Quintana en diálogo con radio La Red.