Cristina Kirchner no se resigna a irse de la Casa Rosada sin poner a un juez propio en la Corte Suprema. Cajoneado el pliego de Roberto Carlés y ahora tiene una idea que a todas luces parece descabellada: quiere poner al ex juez español Baltazar Garzón en el máximo tribunal de justicia.

La Presidenta le habría pedido al ex ministro de la Corte y asesor del kirchnerismo en temas judiciales Raúl Zaffaroni que analice si es posible avanzar con el nombramiento de Garzón, según revelaron Jorge Lanata y Nicolás Wiñasky en su programa de radio Mitre.

Zaffaroni le respondió de manera terminante a Cristina: no hay ninguna posibilidad legal de que el español puede integrar el tribunal. No conforme con la respuesta del magistrado, la jefa de Estado habría ordenado seguir analizando los vericuetos legales para avanzar con la idea de meter a Garzón en la Corte.

El artículo 111 de la Constitución Nacional establece que para ser juez de la Corte Suprema es necesario ser “abogado de la Nación con ocho años de ejercicio” y “tener las calidades requeridas para ser senador”. Esto es “tener la edad de treinta años” y “haber sido seis años ciudadano de la Nación”. Además, claro, de los parámetros morales y técnicos establecidos en el decreto 222/03 firmado por Néstor Kirchner cuando renovó el órgano.

Un constitucionalista consultado por LPO explicó que Garzón no cumple con los seis años de ciudadanía, teniendo en cuenta que Cristina le entregó el Documento Nacional de Identidad en noviembre de 2012. Señaló, al mismo tiempo, que el ex juez tampoco cumple con haber ejercido ocho años como abogado en Argentina.

Cristina Kirchner el día que le dio el DNI argentino a Baltasar Garzón.

Presidencia

El especialista indicó además que Garzón tiene una “inhibición ética” para asumir en la Corte Suprema porque fue destituido como juez en España. “No es como vende él que lo destituyeron por investigar al franquismo. En realidad lo destituyeron porque mandó a poner, sin orden judicial, micrófonos ocultos”, detalló el constitucionalista.

Por esa causa, surgida a partir del “caso Gürtel” en el que Garzón investigaba una trama de corrupción, el juez fue condenado por el Tribunal Supremo por el delito de prevaricación y le impuso una pena de 11 años de inhabilitación.

Tras esa condena, Garzón se mudó a Argentina donde fue recibido como un héroe por el kirchnerismo debido a sus investigaciones por las violaciones a los derechos humanos. Además de darle la ciudadanía, el año pasado el Gobierno también lo premió con el cargo de “coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos”, con un salario mensual de 72 mil pesos.

Actualmente, el español trabaja junto a Zaffaroni en la idea de impulsar que los delitos económicos y medioambientales sean considerados de lesa humanidad y estén alcanzados por la “justicia universal”, concepto que Garzón utilizó en España para condenar a represores argentinos.