Ricardo Gil Lavedra es el principal candidato que tiene la UCR para cubrir una de las dos vacantes que tendrá la Corte Suprema desde el 11 de diciembre, cuando se haga efectiva la renuncia de Carlos Fayt.

El ex camarista y ex diputado nacional es el operador de los radicales en la justicia. Recibe las propuestas del Gobierno para acuerdos en el Consejo de la Magistratura, aunque no siempre puede hacer valer su posición.

Como relató LPO, en una de esas conversaciones, hace un año Gil Lavedra inició una negociación para nombrar a la decana de la Facultad de Derecho Mónica Pinto como jueza de la Corte, a cambio de cubrir las dos vacantes en la Cámara de Casación Penal.

El acuerdo incluía ubicar en la acéfala Defensoría del Pueblo a Juan Tunessi, ex diputado hoy empleado del Consejo de la Magistratura, al servicio de Gil Lavedra.

Las conversaciones estaban avanzadas pero la necesidad de cerrar acuerdos electorales y el cimbronazo político que significó la muerte de Alberto Nisman aplazó cualquier pacto.

Como siempre, Ernesto Sanz sobreactuó e impulsó una declaración en contra de cualquier juez propuesto por Cristina Kirchner. La víctima fue el joven Roberto Carlés, cuyo pliego tuvo dictamen de comisión pero no fue tratado.

El problema de esta vehemencia radical es que Adolfo Rodríguez Saá vio el hueco y empezó nombrar a la senadora Liliana Negre de Alonso.

Si agrupa a sus pares del peronismo federal pueden darle al kirchnerismo los dos tercios necesarios para nombrar jueces, antes y después del 10 de diciembre.

Según Jorge Rizzo, presidente del colegio de abogados de Capital y abogado personal de Fayt, la UCR no permitirá un acuerdo marco del peronismo.

“Van a arreglar el gobierno con los radicales y se van a quedar con uno cada uno”, afirmó y dijo que sonaba Gil Lavedra y sonaba también Mónica Pinto”.

“Gil Lavedra con un guiño más cercano porque ha colaborado mucho con este Gobierno, en la redacción del Código Civil, Código Penal, si bien lo critica siempre es funcional al Gobierno”, sentenció.