“Si no nos dan fondos, no podemos hacer nada y la elección la maneja el Gobierno”, repitieron Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, presidente y vice de la Cámara Electoral, cada vez que una ONG o el apoderado de una fuerza le reclamaba nuevas medidas.

Las camaristas los recibieron en los últimos meses antes de definir la acordada de ayer, que estableció una serie de medidas para controlar los comicios y evitar nuevas denuncias de fraude.

Una de ellas fue la obligación de emitir copias de las actas de escrutinio, reclamo de la oposición que la Dirección electoral había rechazado en una carta, adelantada por LPO.

El director Alejandro Tullio se excusó en restricciones presupuestarias, pero los camaristas no se conmovieron, para dejar claro que no pagarán el costo de un descalabro en octubre.

“En teoría tienen el control de la elección, pero con estructura de adolescentes: pueden hacer lo que quieran, pero sólo si les dan plata”, bromea un apoderado que los frecuentó en estas semanas.

Sin embargo, a excepción de este planteo, la acordada es leída por la oposición y por algunas entidades intermedias como un compendio de sus reclamos más suaves, con críticas al Gobierno pero cuidadosa del peronismo, tal vez pensando en una negociación futura.

Un gesto con el oficialismo fue desechar de plano la Boleta Única Complementaria para octubre, propuesta de la red ser fiscal que no agradaba a los líderes del PJ. Se lo hicieron saber a la oposición y lograron que la excluyera de sus demandas, para bronca de las ONGs.

“Crearon un salón con boletas de repuesto sin considerar la infraestructura de las escuelas, como dijo (la jueza María Servini) Servini de Cubría. Y le sigue dando a los partidos la responsabilidad de repartir boletas, cuando se sabe que la Dirección Electoral demora los pagos y las fuerzas chicas no tienen recursos para imprimir boletas y repartirlas”, protestó el titular de una ONG a LPO.

Para quienes los frecuentan, el zigzagueo de los camaristas se debe a que apuestan a tener un rol protagónico en el futuro, tal vez en un organismo electoral autárquico y con presupuesto propio que el Congreso crearía en el futuro.

El debate estaba organizado para 2012 por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero a último momento impartió una orden de la Casa Rosada para cancelarlo.

Diana Conti y Jorge Landau, histórico apoderado del PJ, habían invitado a los artífices y detractores de los sistemas de boleta única que se habían utilizado en 2011 en Córdoba y Santa Fe.

También tenían el pasaje comprado especialistas como el Daniel Zovatto, director del Instituto para Desarrollo de la Democracia y Sistema Electoral y colaborador para la implementación de la boleta única en Córdoba.

Las audiencias iban a concluir con una ley que fijara fecha, sistema electoral y organismos de control para todas las elecciones. Su primera tarea debería ser unificar el padrón.

El debate volverá el año que viene y los miembros de la Cámara Electoral apuntarían a pisar fuerte en un mega organismo autárquico que controle toda elección.

Debería tener presupuesto propio y permanente y no esperar que el Gobierno de turno le gire plata cada vez que quieran mover un pie.