El jefe de bloque de los senadores radicales Gerardo Morales, salió hoy al cruce de la iniciativa secreta que trabaja el Gobierno para canjear con los radicales la designación de cuatro nuevos integrantes de la Cámara de Casación a cambio de ubicar en la Corte Suprema a la decana deDerecho Mónica Pinto, como reveló ayer en exclusiva LPO.

Si se concreta la movida sería un verdadero pacto de impunidad para el kirchnerismo que se aseguraría así la colonización del máximo tribunal donde terminarán todas las causas de corrupción del país. Casación es por doctrina de la Corte Suprema la última instancia para debatir cuestiones de prueba en temas penales y se ubica por encima de los juzgados y las cámaras federales. De ahí que Cristina esté dispuesto a ceder a la UCR el lugar que deja vacante en la Corte la renuncia de Eugenio Zaffaroni a cambio de controlar Casación.

Para esta iniciativa, manejada en el máximo secreto, el Gobierno tendió lazos con el senador Ernesto Sanz y el ex diputado Ricardo Gil Lavedra, que sumó a las conversaciones al ex ministro de Justicia León Arslanian, también mencionado para integrar la Corte. De hecho, hoy en una entrevista con La Nación, Arslanian amplió las posibilidades del reparto, al afirmar que el máximo tribunal "debería ampliar sus miembros a nueve". Este es en rigor, el plan de máxima del kirchnerismo que tendría así no uno sino cinco lugares para negociar.

Pero estas negociaciones obviamente ya encendieron luces rojas en el radicalismo por el altísimo costo polítio que causarían a la UCR que otra vez quedaría manchada por una suerte de remix del pacto de Olivos, sólo que esta vez instrumentado para garantizar impunidad.

Hasta ahora, el senador Sanz no habló del tema porque, crease o no, está en México "estudiando" los Pactos por México, una serie de acuerdos que el presidente Enrique Peña Nieto selló con las principales fuerzas de la oposición.

Gil Lavedra sin embargo finalmente rompió el silencio y hoy a través de Twiter se apresuró a negar un acuerdo que presentado en toda su extensión, como hizo LPO, es demasiado tóxico para el radicalismo en los prolegómenos de una campaña presidencial.

Lo curioso de la desmentida de Gil Lavedra es que no cerró por completo la posibilidad del pacto que reveló LPO y dijo que en todo caso "si existe" él lo desconocía. Y en una frase muy sugerente de mensajes al interior del radicalismo, agregó: "¿No estarán negociando los que inventan?"

Pero fue Morales, hoy cercano a Sergio Massa, el primero en cruzar la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno. “No queremos consenso con este Gobierno, no es la oportunidad para generar consensos. La nueva Corte se tiene que dar con el nuevo gobierno”, afirmó tajante el jujeño esta mañana en una entrevista radial.

Morales incluso puso el dedo en la llaga que inquieta hasta a los radicales más acuerdistas: “El gobierno no garantiza los consensos”. No son pocos los que sostienen en el partido centenario que existe un alto riesgo que una vez sellado el acuerdo, el kirchnerismo se asegure las vacantes en la Cámara de Casación y la sanción del nuevo Código procesal Penal -el otro tema en discusión- y luego incumpla los otros aspectos del entendimiento.

“Están atropellando con todo, con este gobierno no queremos ningún consenso para la Corte. Queremos hablar con el próximo gobierno”, reiteró Morales y advirtió que “sin consenso, el oficialismo no puede nombrar un miembro”. 

Es verdad que el Gobierno está a unos 8 votos de los dos tercios que necesita para nombrar en el Senado un nuevo miembro de la Corte, dificultad similar que tiene en el Consejo de la Magistratura para designar a los cuatro nuevos camaristas de Casación. Un acuerdo con el radicalismo le destrabaría los dos escenarios y de ahí el plan canje que propone: Un juez de la Corte por cuatro camaristas.

Por otro lado, no es la primera vez que el Gobierno intenta y luego fracasa por la poca credibilidad de su palabra, un enjuague de este tipo. Tiempo atrás el camporista Wado de Pedro que integra el Consejo de la Magistratura, propuso a sus colegas radicales una canje similar, pero en este caso para destituir jueces. 

Wado sugirió que el kirchnerismo podría votar la destitución del juez federal Daniel Rafecas -enfrentado con el radicalismo-, si los representantes de la UCR votaban el Jury contra Claudio Bonadío, que tiene contra las cuerdas a importantes funcionarios del Gobierno.