El titular de la financiera Cordubensis (CBI), Eduardo Rodrigo, se presentó esta mañana en Tribunales, sobre el límite legal antes de ser declarado prófugo por la Justicia, para declarar frente al juez federal Ricardo Bustos Fierro.

Rodrigo no quiso responder preguntas de los muchos periodistas que lo aguardaban en las escalinatas del edificio ubicado en el Parque Sarmiento. En cambio, leyó un comunicado. En él, sostuvo que había desaparecido el mismo día en que apareció muerto su socio Jorge Suau “por miedo” y recordó su compromiso de que “volvería lo antes posible o cuando la Justicia me lo ordenace”.

“Tengo mucho miedo por mi vida. Jorge era un buen ser humano y un buen compañero. Sigo pensando que lo han matado”, advirtió.

Jorge Suau fue hallado muerto en su camioneta Toyota Hilux en el Camino a San Antonio el 13 de febrero, un día después de ser visto por última vez por sus familiares. El cadáver del financista fue hallado semiquemado y según la autopsia de la causa de la muerte fue la inhalación de monóxido de carbono o de nafta. La hipótesis del suicidio es la más firme, según se desprende de una carta que dejó antes de desaparecer y porque en su computadora se halló en el Historial de Google una búsqueda sobre “formas de suicidarse”.

La financiera CBI atravesaba una grave crisis y muchos de los ahorristas denunciaban dificultades para recuperar sus inversiones.

La crisis de CBI y la muerte de Suau provocaron un tembladeral político en Córdoba que afecta, hasta ahora, al peronismo, al radicalismo y al kirchnerismo.

Se investiga si CBI habría funcionado como una “cueva” en la que empresarios y políticos hacían depósitos “en negro”.

Suau dejó a la Justicia una carta con muchos detalles sobre sus vínculos con empresarios y políticos. Trascendió sólo parcialmente porque el fiscal Enrique Senestrari no quiere dar a conocer los nombres que allí figuran para investigar a los presuntos implicados.

El primer salpicado por el escándalo fue el gobierno provincial delasotista, ya que Suau había sido secretario de Culto en el primer mandato de De la Sota (1999) cuando el ministerio de Gobierno estuvo a cargo de Oscar González, ex jefe de Gabinete y actual presidente provisorio de la Legislatura (tercera autoridad política de la Provincia). Además, el presidente del Banco de Córdoba, Fabián Maidana, fue uno de los fundadores de Cash SA, la antecesora de CBI, junto con Suau. Ambos funcionarios aseguraron haber abandonado sus relaciones personales, políticas y comerciales con Suau hace tiempo.

Las esquirlas afectan también al radicalismo, porque hay un vínculo contractual entre la empresa Red Bus, concesionaria del sistema prepago de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, y CBI. La financiera tenía a cargo la logística de la recaudación del dinero por la carga de tarjetas por los usuarios del transporte. Se investiga si CBI usaba el dinero para monetizar cheques y luego depositar esos documentos en la cuenta de la Municipalidad, lo que le permitiría operar dinero con ventajas financieras.

El secretario de Transporte de la Municipalidad, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, el funcionario mestrista señalado, negó que el Palacio 6 de Julio participe de una operatoria así, también rechazó haber cobrado coimas, y recordó que al contrato con CBI lo aprobó el exintendente kirchnerista Daniel Giacomino.

La pelota cayó así en el campo K. Giacomino reconoció que tiene una caja de seguridad en la financiera Bacar-Blinbox, cuyo dueño, Juan Carlos Barrera fue socio de Suau en Cash SA, y ante la polémica porque algunas otras cajas aparecían formalmente como “vacías” y en realidad tenían valores, el kirchnerista afirmó que él siempre tuvo en blanco sus depósitos por la venta de una casa.

Tanto el gobernador José Manuel de la Sota como el intendente Ramón Mestre han ratificado su confianza en los funcionarios afectados. Luis Juez, por su parte, saca ventaja política denunciando a todos.