El Consejo de la Magistratura le solicitó a la Corte Suprema aclarar los alcances de la acordada 4, que disolvió el Tribunal Oral Federal 9 que iba a juzgar a Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a los acusados de volar la AMIA.
Como adelantó LPO, la expectativa de Mauricio Macri es que el máximo tribunal emita una acordada aclaratoria para ratificar en el cargo a jueces federales que no fueron avalados en el Senado, pero era necesario que alguien se lo pida. La Magistratura ya dio ese paso.
La falta de este trámite fue el argumento de los supremos para disolver el TOF 9, integrado por Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, todos provenientes de la justicia ordinaria y federalizados por el Gobierno en 2016.
En la misma situación están otros magistrados afines a la Casa Rosada, como Leopoldo Brugia (el único que votó en contra de la liberación de Cristóbal López), Guillermo Jorge Yacobucci -integrante del Tribunal Oral Federal 7- y Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación Penal, última instancia de revisión de los fallos antes que la Corte. Macri quiere protegerlos.
La sesión del Consejo de la Magistratura fue convocada a partir de una consulta del Tribunal de Casación penal sobre el destino de los tres magistrados del disuelto TOF 9.
El diputado macrista Pablo Tonelli propuso ratificar su funcionamiento, pero los senadores peronistas Rodolfo Urtubey y Mario PaÃs sugirieron aprovechar la ocasión para exigir una aclaratoria al máximo Tribunal.
"A la Corte le faltó hacerse cargo de este proceso, porque no resolvió la situación de los magistrados", sostuvo el chubutense.
"¿No podemos preguntarle a la Corte cuál es el alcance de la acordada N 4?", preguntó Urtubey. Tras un cuarto intermedio, el oficialismo aceptó derivar la consulta a la Corte y el único molesto fue el diputado kirchnerista Rodolfo Taihade, para quien la acordada era bastante clara.
"El Congreso debe crear un tribunal y la Magistratura iniciar la selección formal de jueces", interpretó y se quejó porque "hace dos años se vienen armando tribunales especiales para juzgar a la ex presidente".
El presidente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas, giró una nota para enviar a la Corte y fue aprobada de inmediato.
De todos modos, el diputado radical Mario Negri no ahorró crÃticas a los coordinados por Ricardo Lorenzetti. Recordó que la Ley 27.307, de Fortalecimiento de los Tribunales Orales, mediante la cual se transformó el TOC 10 a TOF 9, "no fue declarada inconstitucional y fue votada por amplia mayorÃa en ambas cámaras, lo cual la reviste de una gran legitimidad".
"Una acordada de la Corte no puede hablar de la inconstitucionalidad de una ley. No me gustarÃa que rectifiquemos nuestros propios actos", se molestó.
La pelea tendrá más capÃtulos en el Congreso: el lunes, Tonelli y Negri presentaron un proyecto de ley para reglamentar los traslados de jueces federales "sin la necesidad de un nuevo acuerdo del Senado".
Solo exigen "que se cumpla con los requisitos del consentimiento del juez, el mantenimiento de la jerarquÃa en función del grado y la necesidad de que la competencia en razón de la materia no sea sustancialmente diversa".
El senador Urtubey se paseó por el Consejo con un proyecto de ley de su autorÃa que irÃa sà buscarÃa garantizar las audiencias que él mismo coordina en la Cámara alta a los aspirantes a magistrados federales.
Claro que cualquier ley no puede ser retroactiva y no definirá el futuro de Brugia, Yacobucci y Mahiques, el principal interés de Macri.
