El Gobierno no le renovaría el contrato para trasmitir los actos presidenciales a la productora La Corte, propiedad de Cristóbal López, por la que iba a desembolsar 65 millones de pesos. La sucesión de embargos que recibieron las empresas del zar del juego, más los obvios incumplimientos del pliego de licitación, dejaron si margen a la Casa Rosada para avenzar con una renovación que venía viento en popa.

Ahora, para no quedar pegado al dueño de C5N, que mantiene un litigio con el Estado por una millonaria deuda impositiva, el Gobierno optó por dejar las transmisiones oficiales en manos del equipo de comunicación, que seguramente tercerizará los trabajos, según informó el diario Clarín.

La Corte es la productora que crearon los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo, creció con el kirchnerismo y desde 2009 se encargan de las transmisiones de Fútbol Para Todos.

En 2015 López les compró la mayoría del paquete accionario de la empresa en US$ 15 millones y dejó su operación en su mano derecha Fabián de Souza, que acaba de recibir un embargo millonario por no pagar los aportes de los empleados de C5N, en una inconducta impositiva que Cristobal López extiende a casi todas sus empresas, pese a lo cual el Gobierno igual se dispone a aceptar que ingrese en una moratoria multimillonaria.

Es en ese marco de acuerdos subterráneos, que el Gobierno parecía dispuesto a renovarle el contrato que en realidad habría vencido en junio de 2016.

Aun así, como explicó LPO, el llamado a licitación recién se produjo en febrero de este año y esa demora agudizó la interna en la Rosada, donde un sector sostiene hace meses que hay que correr a La Corte.

Pero algunas productoras del mercado se quejaron porque la licitación tuvo exigencias técnicas enormes que sólo podían ser cumplidas por La Corte, con el agravante de que ya habría contado con información sobre la convocatoria a la licitación. Lo que en el ambiente se conoce como una licitación a medida de un oferente, un clásico de los años del kirchnerismo.