Descontada la aprobación por parte del Consejo de Repsol del acuerdo con YPF, ahora la discusión entró en el jugoso mundo de las finanzas corporativas. Pasó de ser una pelea por el monto de la indemnización al más sofisticado negocio de las tasas de interés, el plazo de vencimiento, los valores nominales o de mercado de la deuda y quien controlará en definitiva la emisión de los bonos con que se pagará a Repsol.

Repsol picó en punta y hasta ahora logró imponer a su propio banco para que maneje la operación de colocación de los bonos. Se trata de una de las más importantes entidades bancarias de Estados Unidos.

En este aspecto, el Ministerio de Economía ahora a cargod e Axel Kicillof vuelve a seguir la línea de Hernán Lorenzino de privatizar la Secretaría de Finanzas. Kicillof nombró en lugar de Adrián Cosentino a Pablo López, un historiador sin experiencia real en temas complejos como el soporte financiero de la operación con Repsol.

Así como Barclays, Arcadia Consultores que se hicieron cargo del canje de deuda del 2010 por decisión de Amado Boudou y ahora es el fondo Gramercy el que propone la solución “llave en mano” al conflicto con los holdouts; en este caso la definición de la operación vuelve a quedar en manos privadas.

De hecho, durante la jornada se mencionó a Arcadia y Gramercy como posibles articuladores del “deal” con Repsol. Fuentes de Gramercy negaron a LPO que hayan sido sondeados para sumarse al acuerdo. En tanto que allegados un importante estudio local que armó la ingeniería legal de buena parte de las más importantes operaciones de deuda de los últimos años, reconoció que hoy fueron sondeados para que estructuren la propuesta a nivel local, pero afirmaron que terminaron rechazando la propuesta.

Lo que se mantiene inalterable es la participación del banco norteamericano que se llevará una comisión que en el marcado estiman oscilará –de piso- entre el 0,5% y el 1%, es decir unos 50 millones de dólares.

La letra chica

La elección de los encargados de instrumentar la ingeniería financiera no es menor y en el mercado consideran que si se confirma que el proceso de emisión y colocación de bonos queda en manos de la entidad acercada por Repsol, la Argentina puede pagar muy caro esa displicencia.

“Existe el riesgo que suceda lo mismo que ocurrió con la última colocación de bonos en Venezuela, cuando Chávez salió a rematarlos en Wall Street y la tasa de interés pasó del 14,5% al 18% en un día. Un desastre así contribuiría a dañar aún más la reputación del país en los mercados”, afirmó a LPO una fuente del mercado.

“El Gobierno debería concentrar la estrategia de emisión y los tiempos, colocar los bonos cuando más convenga e ir pagando con lo recaudado”, agregó la fuente.

La otra discusión que se abre es si la Argentina impondrá a Repsol una tasa determinada o la petrolera española exigirá que se tenga en cuenta la tasa de mercado. Las diferencias en el pago real final que haga el país no son menores.

Los analistas del banco canadiense RBC Capital Markets, evaluaron hoy que el escenario base es que Repsol reciba 5.000 millones de dólares en bonos de deuda pública argentina, con un interés del 3% y con un plazo de amortización del principal de diez años.

Y advirtieron que una segunda posibilidad más positiva para el grupo español sería el pago con bonos por 5.000 millones de dólares, pero con la posiblidad de que Repsol recupere un 10% del principal de esos títulos cada año.

Sin embargo, no está claro aún quien emitirá los bonos, que tasa será la que pague el país y lo más importante, que valor se tomará para definir los u$s 5000 millones de los que se habla. Es decir si será la valoración nominal de los bonos o el precio que fije el mercado, lo que obligará a la Argentina a emitir papeles bastante por encima de los supuestos u$s 5.000 millones.

Lo que está claro es que el acuerdo que empieza a trascender dista mucho de ser una derrota del presidente de Repsol, Antonio Brufau, como ingenuamente intentó filtrar el quipo de Kicillof.

El catalán siempre se negó a la propuesta original de YPF de junio que consistía en pagarle en bonos u$s 1.500 millones y los otros u$s 3.500 millones en acciones de una nueva sociedad de Repsol, YPF y Pemex que explotaría una zona del megayacimiento de Vaca Muerta.

Brufau dejó muy en claro el 15 de noviembre al ministro de Industria de España, José Manuel Soria, cuales eran sus exigencias, antes que el funcionario se reuniera con integrantes del gobierno mexicano, que fue decisivo para cerrar el acuerdo.

Kicillof aceptó esta exigencia y accedió a generar deuda externa por miles de millones de dólares sin ningún compromiso de inversión a cambio, en un retroceso que acaso confirma que la estrategia de la petrolera española de acosar judicialmente a todos los posibles socios de YPF en Vaca Muerta, terminó siendo efectiva.

Sin embargo, Brufau también fue arrastrado por los acontecimientos y la jugada de pinzas de su socio en Repsol, el titular de La Caixa, isidro Fainé, y del presidente de Pemex, Emilio Lozoya -que el gobierno trabajó con habilidad-, terminaron imponiéndole el acuerdo.

Ahora, con las cartas echadas el Consejo de Repsol tendrá mañana la última palabra. Pero en España se descuenta que luego de la subida de las acciones de Repsol de la jornada, Brufau se quedó sin margen –ni votos- para imponer un rechazo al acuerdo, que podría ocasionar severos costos a su compañía.