26 de abril, 2024
"Impiden el desarrollo democrático"
Diana Conti cuestionó duramente a la Corte y recordó que en otros países latinoamericanos "por fallos de la Corte sacaron a un presidente". "Estamos preparados para resistir", advirtió y adelantó que llevará el caso a la OEA.
La diputada kirchnerista Diana Conti acusó de golpista a la Corte Suprema de Justicia al asegurar que "intenta impedir el desarrollo democrático" y al recordar que en otros países latinoamericanos por "fallos de la Corte, sacaron a presidentes". Todo esto en respuesta al fallo que declaró inconstitucional parte de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
La jefa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados advirtió que está "estudiando" recurrir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar que "hay un Poder del Estado que, junto a otros poderes fácticos, intenta impedir el desarrollo democrático".
"Hay países latinoamericanos que, por fallos de la Corte Suprema, sacaron a un presidente. Hay que estar preparado para resistirlo. Creo que el pueblo no lo toleraría pero, si la ametralladora mediática intenta mostrar que sólo lo que dice la Corte es lo que dice la Constitución (Nacional), vamos a tener que estar atentos", sostuvo.
Luego, recordó que uno de los artículos de la ley declarados inconstitucionales establecía la votación de la ciudadanía del órgano de selección y remoción de magistrados, y equiparó al máximo tribunal del país con "la Corte menemista" al manifestar que ambas "declaran la inaplicabilidad, lo que no existe".
Conti, en diálogo con radio La Red, consideró que el órgano presidido por Ricardo Lorenzetti "usó el prestigio para declarar algo como inconstitucional cuando no lo es".
"Me decepcioné porque esta Corte prestigiosa debió ponerse a la cabeza de la llamada de la presidenta a la democratización de un Poder (por el Judicial), al cual la sociedad clama que preste un servicio ágil y eficiente, y no que sólo cuide sus propios intereses", concluyó.
La jefa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados advirtió que está "estudiando" recurrir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar que "hay un Poder del Estado que, junto a otros poderes fácticos, intenta impedir el desarrollo democrático".
"Hay países latinoamericanos que, por fallos de la Corte Suprema, sacaron a un presidente. Hay que estar preparado para resistirlo. Creo que el pueblo no lo toleraría pero, si la ametralladora mediática intenta mostrar que sólo lo que dice la Corte es lo que dice la Constitución (Nacional), vamos a tener que estar atentos", sostuvo.
Luego, recordó que uno de los artículos de la ley declarados inconstitucionales establecía la votación de la ciudadanía del órgano de selección y remoción de magistrados, y equiparó al máximo tribunal del país con "la Corte menemista" al manifestar que ambas "declaran la inaplicabilidad, lo que no existe".
Conti, en diálogo con radio La Red, consideró que el órgano presidido por Ricardo Lorenzetti "usó el prestigio para declarar algo como inconstitucional cuando no lo es".
"Me decepcioné porque esta Corte prestigiosa debió ponerse a la cabeza de la llamada de la presidenta a la democratización de un Poder (por el Judicial), al cual la sociedad clama que preste un servicio ágil y eficiente, y no que sólo cuide sus propios intereses", concluyó.
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La Corte le puso un límite a Cristina: Anuló la elección de consejeros
La Corte Suprema desafió las amenazas de la Presidenta y volteó el corazón de la reforma judicial. Anuló las elecciones para consejeros de la Magistratura y la elección y remoción por simple mayoría de los jueces. Además, cuestionó duramente al kirchnerismo por haber aprobado una elección a su medida. Dejó vigente las primarias.
El fallo también cuestionó al kirchnerismo por armar una elección a su medida
Si bien la Corte Suprema anuló las elecciones "populares" de consejeros para la Magistratura, en su fallo se cuidó de condenar explícitamente el tramposo sistema electoral que armó el kirchnerismo para esas elecciones, un traje a medida del Frente para la Victoria que impedía la unión de fuerzas opositoras y planteaba más requisitos que la elección presidencial.
HAY QUE DEJAR QUE LAS BESTIAS NEGRAS SIGAN SIENDO IGNORANTES. ESTA RUCUA DE DELINCUENMTES CARECEN DE CONOCIMIENTOS JURIDICOS Y ESCRIBEN CUALQUIER PELOTUDES.
ESTA LACRAS INMUNDAS, NO SE HAN DADO CUENTA , QUE ES UN DERECHO DEL PUEBLO DE ELEGIR A LOS CONSEJEROS EN LA MAGISTRATURA, Y NO LOS JUECES CORRUPTOS QUE ESTAN DENTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. EN ESPECIAL EL PRESIDENTE, QUE LES ROBO A LOS JUBOLADOS EN CASTELLANO, PROVINCIA DE SANTA FE. CON LA EMPRESA DE SALUS APREME, QUIEN ERA UNO DE LOS DUEÑOS, LOS QUE DENUNCIARON A ESTE GRAN HIJO DE PUTA. FUERO DESPEDIDO DE LA JUSTICIA Y CONDENARON AL PERIODISTA QUE DESTAPO LA OLLA. POR ESO QUERIDA LUCIANA. DEJEMOS QUE SIGAN TRAGANDO VENENO LOS OPOSITORES, CABE DESTACAR, QUE CUENTAN CON UNA DIARREA METAL. QUEDENSE CALLADOS CIPAYOS HIJO DE PUTA. DAN LASTIMA ESTAS MIERDAS.
El pueblo pierde ante la justicia, como ante el poder
He tomado el título de un ensayo de Dominique Lecourt ("La Crisis del Estado Capitalista"; Recopilación de Nikos Poulantzas; ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1982), donde el autor afirma que "…desde el mítico proceso de Edipo hasta nuestros días, el pueblo siempre ha perdido en sus enfrentamientos ante la justicia como ante el poder…"
El fallo (de mayoría) de la Corte Suprema de Justicia ha hecho prevalecer los intereses de las corporaciones –particularmente la de los jueces–, por sobre la soberanía popular (art. 33, C.N.), sustento de todo derecho, explícito e implícito. Recordemos que la Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno (art. 1, C.N.), por lo que todo poder emana del pueblo y si ese pueblo no puede gobernar por sí sino a través de sus representantes, por qué privarle de la posibilidad de elegir sus representantes en un órgano esencialmente político, como es el Consejo de la Magistratura, que no dicta pronunciamientos sobre causa alguna, toda vez que no integra el Poder Judicial.
Paradojalmente, el voto de mayoría de la Corte Suprema, ve en el voto popular una extralimitación del Poder Legislativo que convoca a que ejerza el poder supremo de erigirse contra una ley de la Nación, disponiendo esa Corte Suprema que todo siga como está; esto es, estancado por diferencias políticas y sin cumplir cometido alguno que se corresponda con las incumbencias constitucionales que le asigna la Ley de Leyes al Consejo de la Magistratura (art. 114, C.N.).
Peor aún, el voto de mayoría de la Corte Suprema se erige en intérprete de los debates de la Convención Constituyente (año 1994), haciendo caso omiso de la clara delegación que el art. 114 de la C.N. establece para que la ley del Congreso determine la forma de la representación de los estamentos y su integración equilibrada. El voto en disidencia del Dr. Raúl Zaffaroni, que participó activamente del debate en Comisión del proyecto de creación del Consejo de la Magistratura, deja señalado que la delegación efectuada por la Constitución a favor de la futura ley del Poder Legislativo, impide considerar inconstitucional que esa representación se ejerza por el voto popular, y hace propias las consideraciones del Dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se pronunció a favor del voto popular de las respectivas representaciones.
El fallo deja señalado que el camino para establecer la representación popular pasa por una Reforma Constitucional, haciendo ver –lo que es así–, que no hay mecanismo institucional de revisión de su decisorio.
Por ello, el pueblo de la Nación Argentina, en la futura convocatoria electoral de agosto y octubre de 2013, para renovar mandatos de senadores y diputados, deberá pensar en dotar al Congreso de la Nación de las mayorías necesarias para posibilitar una Reforma Constitucional que no sólo revise el deficiente funcionamiento de la administración de justicia, sino que dicte una Constitución que sea marco y soporte normativo/institucional de las transformaciones que viven los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y que se sintetizan en el enunciado ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, con independencia económica.
Eduardo Barcesat
MIENTRAS UN GRUPO OPOSITORES SE ALEGRAN CON EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL PUEBLO VUELVE A PERDER FRENTE A UNA CORTE CORRUPTA, QUE VIOLA LAS LEYES EMANADAS POR EL CONGRESO NACIONAL. ESPERO QUE EL PUEBLO TOME CONCIENCIA Y CON SU VOTO DERROTE ESTA CORRUPCION QUE SE APODERO DE LA CORTE Y DE LOS OPOSITORES, QUE NO QUIEREN QUE EL PUEBLO VOTE A LOS CONSEJEROS DE LA MAGISTRATURA, ES LA UNICA FORMA DE ELIMINAR LA CORRUPCION DE LA JUSTICIA. CON EL VOTO DE TODOS DERROTEMOS A ESTOS MAFIOSOS. Y SE HARA JUSTICIA EN UNA DEMOCRACIA ELEGIDA POR EL PUEBLO..
IGNORANTES DEJEN DE MASCAR VENENO, LEAN A LO QUE SABEN Y NO A LOS OTARIOS UTILES DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, POBRE GENTUZA.
En este caso, la cuestión era sencilla: los representantes de los jueces los deben elegir los jueces y los de los abogados otro tanto. De lo contrario no son representantes. Es como si a los diputados de Mendoza los eligiera el pueblo de Misiones. Un disparate. Podemos estar de acuerdo o no con la representación por estamentos, pero es la que adoptaron los constituyentes de 1994 en forma casi unánime. Y mientras no haya sido modificada debemos respetarla, porque forma parte de ese pacto básico.
De allí que hablar de democratización de la Justicia cuando se propone adulterar los mecanismos de representación es un contrasentido. Pero es también una inmensa hipocresía. Porque en el Consejo de la Magistratura, junto a los representes de los estamentos técnicos –jueces, abogados, académicos- hay representantes políticos: “los de los órganos políticos resultantes de la elección popular”. A éstos no los elige el pueblo en forma directa, sino el Presidente de la Nación, del Senado y de la Cámara de Diputados. Si el oficialismo y su partido parajudicial Justicia Legítima estuvieran sinceramente interesados en el voto popular, propondrían que los representes políticos fueran electos por el pueblo. Pero no. A esos los elige la corporación política. Voto indirecto, como en el viejo Colegio Electoral de la Constitución de 1853. El impulso democratizador se agota en las puertas del privilegio político.
Se dirá que no es posible elegir en forma directa a los representantes políticos porque la Constitución dice otra cosa. Es cierto. Pero el mismo argumento vale para los representantes de jueces y abogados. El único camino, entonces, es reformar la Constitución. Pero eso, desde ya, no se lo proponen los democratizadores de la Justicia. El oficialismo no votará un mecanismo que devuelva al pueblo prerrogativas que hoy ejerce él. Se trata de sacarles a los otros sus poderes, no renunciar a los propios por mera ideología.
En esta como en otras cuestiones, el gobierno demuestra la inconsistencia de un discurso progresista que en realidad sólo busca la acumulación de poder para garantizarse la autoperpetuación y, con seguridad, la impunidad.