La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apartó al fiscal federal Claudio Kishimoto luego de que trascendiera una grabación en la que el funcionario decía que eran un "gran verso" los cargos contra el juez Federico Hooft, a quien se lo acusa de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Según informó La Nación, la procuradora sostiene en la resolución 889/13 que el cambio de titular en la Fiscalía Federal N° 1 obedece a "razones de índole funcional". Kishimoto será reemplazado por su colega Carlos Adrián Martínez.

Hooft se desempeñaba al frente del Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata y fue suspendido en sus funciones en marzo último a la espera de que se le fije fecha para enfrentar un jury.

El relevo de Kishimoto, que investigaba este caso desde 2008, lleva la firma de Gils Carbó y llega un mes después de que saliera a la luz una grabación en la que el fiscal reconoce haber recibido presiones desde el Ministerio Público para cargar contra el magistrado. Esa cinta fue grabada ocultamente por el hijo de Hooft, que también es su abogado, Pedro Federico Guillermo Hooft, durante una conversación informal con el fiscal, y la presentaron ante la Cámara Federal de Mar del Plata como prueba.

Las acusaciones contra el juez corren por cuenta de organizaciones de derechos humanos que dicen que lo vieron en centros de detención ilegales y lo acusan de no liberar a presos políticos. La causa contra Hooft lleva siete años y la situación del juez tuvo un cambio fundamental en marzo último, cuando se lo suspendió en sus funciones y se dispuso su enjuiciamiento en fecha a determinar.

Kishimoto, que llegó en 2008 a la Fiscalía Federal N° 1 como subrogante, tramitó el último período de la causa donde el magistrado está acusado de complicidad con delitos de secuestro, torturas, asesinato y desaparición de personas. Lo citaron a indagatoria en dos oportunidades, pero nunca se presentó.

Hooft ratificó su inocencia en los hechos que se le imputan. Se le cuestiona no haber concedido hábeas corpus a abogados locales presos tras "La Noche de las Corbatas". Hooft denunció una "persecución penal".