Mauricio Macri sacudió el tablero político y sorprendió a todos con una maniobra jurídica pero ante todo política para intentar frenar el avance del Gobierno nacional sobre el Grupo Clarín y Papel Prensa, en medio de rumores de intervención y pocos días después de que el kirchnerismo concretara su intención de expropiar la fábrica de papel de diario.

Esos dos hechos -los rumores de intervención y el proyecto de expropiación- marcaron el inicio de la reacción del macrismo. En concreto, según pudo reconstruir LPO, la historia del decreto de necesidad y urgencia comenzó a gestarse el pasado domingo.

Ese día, el diputado nacional Federico Pinedo mantuvo una reunión con integrantes del directorio del Grupo Clarín. En ese encuentro, también habría participado un representante de La Nación. Allí, Pinedo escuchó un pedido claro y concreto: “Alguien tiene que hacer algo. Nos van a llevar puestos”.

A partir de ese momento, el legislador comenzó una serie de conversaciones con otros dirigentes del PRO y empezó a trabajar a contrarreloj, ya que la posibilidad de una intervención a Clarín sonaba cada vez con más fuerza.

Fue por eso que la secretaria de Pinedo llamó a los asesores de Oscar Moscariello y les pidió con suma urgencia que le envían los dos proyectos de 2009, que sirvieron de base para el DNU dictado ayer.

A partir de ese momento, Pinedo comenzó a trabajar en el nuevo texto junto al diputado Pablo Tonelli –abogado constitucionalista- y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Este último es un ex socio de José Torello, uno de los hombres más cercanos a Macri, y es el encargado de muchos de los temas judiciales que deben afrontar el gobierno porteño y el PRO.

Son ellos los que comienzan a trabajar a partir de los proyectos de un asesor de Moscariello, que nunca avanzaron en la legislatura. Pinedo, Tonelli y Rodríguez Simón sintetizaron esos dos documentos y tomaron las ideas básicas: defensa irrestricta de la libertad de prensa y reafirmación de la autonomía de la ciudad para actuar en este tema.

Una de las ideas que establecían esos proyectos era la creación de un AFSCA porteño, que se llamaría Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP). Sin embargo, esta idea fue desechada ahora por dos motivos. En principio, para evitar que se lo relacione al organismo kirchnerista, que es visto con malos ojos en la opinión pública. Además, la creación de una instancia administrativa generaría problemas burocráticos que en el PRO quisieron evitar. Por eso, se decidió crear un fuero especial judicial, para que las decisiones las tomen los jueces.

El DNU de Macri -que deberá convertirse en ley- tiene además una referencia para nada inocente a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La idea fue dejar de manifiesto que el decreto tiene como fin rescatar dos de los preceptos básicos de esa norma: la división de poderes y la libertad de prensa. Tonelli es un gran defensor de la Carta Magna estadounidense.

Pero quien más insistió con seguir esta línea fue el propio Macri. Cuando le acercaron el proyecto, el alcalde pidió que profundicen la postura de defender la libertad de prensa con fundamentos del constitucionalismo republicano y democrático más clásico. Es por eso que el proyecto se apoya en los fundamentos más básicos de la Constitución nacional.

Finalmente, LPO supo que este grupo de dirigentes macristas habría mantenido algunos contactos con distintos jueces para tener su visión sobre la viabilidad de esta ley, ya que tienen en claro que esto deberá definirlo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Según Clarín, también hubo charlas secretas con representantes de la oposición como Elisa Carrió y Pino Solanas.