La decisión del juez federal Carlos Vera Barros de procesar al ex jefe de la Policía santafesina, acusado de integrar una red de narcotraficantes, volvió a golpear por debajo de la línea de flotación al gobierno socialista de Antonio Bonfatti.

Frente al hecho consumado del procesamiento, Bonfatti volvió a ubicarse en el lugar de víctima y atribuyó el caso a un interés del kirchnerismo en socavar a la gestión socialista.

“Hay muchas señales de entorpecimiento y cuando pido reuniones en distintos ámbitos de la Nación éstas se me niegan” dijo Bonfatti, hoy, en el programa Radiópolis. También confesó que tuvo temor que la provincia fuese intervenida en el otro pico de la crisis por el narcotráfico que tiene jaqueada su gestión.

Sin embargo, el fallo del juez es contundente y deja poco margen para teorías conspirativas. El magistrado acusó al ex jefe policial del gravísimo delito de tráfico de estupefacientes agravado en concurso real por participación de dos o más personas. La caratula de la causa es "empresa criminal conjunta destinada al tráfico de estupefacientes".

Además de Tognoli, el magistrado también procesó al empresario Carlos Ascaíni, un presunto narco que habría sido protegido por la Policía de Santa Fe en la zona sur de la provincia. Ascaíni y Tognoli serían trasladados en las próximas horas una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

Tognoli había sido detenido el año pasado pero luego fue liberado y se le dictó una falta de mérito que hizo respirar al socialismo. Ahora la causa se reactivó y Tognoli volvió a ser detenido el pasado 7 de marzo tras negarse a ampliar su declaración indagatoria.

El fiscal de la causa, Juan Murray, fue clave en la reactivación de la causa. Murray englobó en la empresa criminal a Tognoli, Ascaíni, el comisario Néstor Fernández -ex jefe de la seccional 2° de Rosario- y al suboficial Carlos Quintana.

El caso estalló por una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que depende del gobierno nacional. En el expediente se afirma que en 2009, Tognoli informó a Ascaíni que había detectado que lo estaba investigando la PSA, que luego no encontró al empresario en su casa cuando se allanó la propiedad. Además, el ex jefe de Policía no denunció la situación en su momento.

Víctimas y victimarios

“Las declaraciones de Binner y Bonfatti de victimización de su gestión son funcionales a la estrategia de la defensa de Tognoli y terminan generando una presión al fiscal y al juez para que no lo procesen, no son declaraciones inocentes” sostuvo Eduardo Toniolli, diputado provincial del Movimiento Evita a LPO.

Para Toniolli, el procesamiento del ex jefe de policía es “una consecuencia lógica. Llegó un fiscal que trabaja de forma seria y advirtió que había indicios para el procesamiento.”

El diputado recordó que desde el socialismo “se mostró como un triunfo la declaración de falta de mérito cuando era evidente que había elementos que comprometían a Tognoli. Buscan politizar la causa”, agregó.

El caso Tognolli fue el detonante de una crisis que se venía gestando lentamente en Rosario por el aumento del tráfico de drogas y la lucha entre narcos por el territorio con supuesto involucramiento de la policía provincial.

Desde el gobierno fueron modificando las posturas en relación a los hechos. En un principio, el socialismo negó que existiese una crisis. El mismo Binner mientras defendía la designación de Tognolli al frente de la policía provincial, negaba los altos índices de crímenes que reflejaron las estadísticas del año pasado y que ubicaban a Rosario en un incómodo primer lugar.

El reemplazo de Tognolli por su segundo: Cristian Sola, quien está procesado por enriquecimiento ilícito, fue duramente criticado por la oposición que reclamó que se lo aparte del cargo.

El agravamiento de la crisis con el atentado a los tres militantes del Movimiento Evita y la suspensión del clásico Central-Newells, confirmó la profundización de la crisis y desde algunos sectores del socialismo pidieron dejar de lado la pelea con la Nación y buscar acuerdos para enfrentar el narcotráfico.

Las aguas se partieron claramente entre la intendenta Mónica Fein, quien junto a todos los bloques del Concejo Municipal de Rosario se reunió con funcionarios nacionales, mientras su líder, Hermes Binner acusaba a la Casa Rosada de fogonear el caso.