Esta mañana los diarios Clarín y El Cronista publicaron en tapa una denuncia explosiva: la Casa Rosada estaría trabándole a Daniel Scioli el acceso a los mercados para financiarse, igual que hizo durante todos estos años con Mauricio Macri.

La noticia basada en fuentes sciolistas, viene a reforzar la estrategia del gobernador iniciada a principios de año cuando instaló públicamente a través de su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, la necesidad de rediscutir la ley de coparticipación para solucionar el déficit estructural que sufre la provincia y la somete al arbitrio de las “ayudas” financieras de la Nación.

Fue una manera de blanquear la situación actual: Cristina demora el envío de fondos a la provincia los fondos que necesita para cerrar sus paritarias y pagar el medio aguinaldo de mitad de año. Si este envío de fondos no se produce, según el discurso desplegado por el sciolismo, la conflictividad que arrasará la provincia será responsabilidad de la Casa Rosada.

Esta situación lejos de solucionarse se agravó en los últimos días, cuando quedo clara que la Nación estaba trabando los avales que necesita la provincia para tomar deuda en el exterior.

Por eso, hoy el sciolismo puro a través del diputado Iván Budassi –que suena para ocupar próximamente la conducción de la agencia de recaudación provincial ARBA-, subió la apuesta y directamente denunció que “la Nación a lo largo de los años ha ido ha comiendo, por decirlo de alguna manera, puntos de los fondos coparticipables que le tocaban a las provincias”.

La declaración no es inocente, para zanjar la discusión en torno a una nueva ley de coparticipación, el sciolismo imagina que la solución pasaría porque la Nación resigne puntos a favor de la Buenos Aires, ya que es inimaginable que las otras provincias acompañen una ley que les quite recursos.

Budassi detalló hoy que en 1988 las provincias recibían el 54% de los fondos coparticipables, mientras que en la actualidad absorben sólo el 27% y “este ese es un problema de todas las provincias”, manifestó, buscando además sumar aliados para esta discusión.

Los avales que no llegan

Históricamente a inicio de año las provincias coordinaban con el Ministerio de Economía de la Nación sus emisiones de deuda de todo el año, de manera de no superponerse. Esto cambio este año y una de las más perjudicadas es Buenos Aires.

“Nosotros los llamamos”, es la respuesta que han recibido los funcionarios de la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, cada vez que en estas última semanas han tratado de coordinar el plan de financiamiento para este año, que por ley debe ser avalado por la Casa Rosada. Y luego directamente el diálogo se cortó.

En concreto, el gobierno nacional le trabó a Scioli su plan de endeudamiento para este año que según lo autorizado por la Legislatura bonaerense podía escalar hasta los 18.700 millones de pesos.
Esto golpea particularmente a Scioli en medio de la trabada negociación partitaria con los docentes, que deberían iniciar las clases la semana próxima. Es que la administración sciolista venía afirmando que sólo podía estirarse hasta un 8% de aumento con fondos propios, pero eso era contando con la deuda autorizada por la Legislatura.

Los docentes reclaman un 30% y por eso Scioli le pedía a Nación que le gire los fondos necesarios para financiar un aumento que en la provincia estimaban en torno al 22% que fijo por decreto la paritaria nacional.

Si no le giran esos fondos y encima no le aprueban el plan de financiamiento, la provincia estaría en una situación dramática. No sólo no podría pagar los aumentos sino que además se pone en crisis el pago de sueldos y aguinaldo, aún a los valores actuales.

Es que por el Pacto Fiscal, Buenos Aires como el resto de las provincias necesita la venia de la Secretaría de Hacienda de la Nación para emitir cualquier tipo de deuda, desde una letra en el mercado local hasta un bono en dólares en el exterior. Y esto es lo que está trabado.

Con el endeudamiento de 18.700 millones que fue aprobado en el Presupuesto 2013, Scioli pensaba cubrir gastos por $ 13.000 millones y realizar obras. Esto, sin contar la paritaria estatal, que obligará a conseguir más recursos. Según el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, un aumento del 20% en los salarios costaría otros $ 12.000 millones adicionales.

Arlía, que es uno de los ministros más kirchneristas del gabinete bonaerense, hoy intentó desdramatizar la situación en un accidentado diálogo con González Oro por Radio 10. “Hay una negociaciones en curso. No estoy de acuerdo con la lectura de que está bloqueado, hay un tramite en curso y estamos a la espera de nuevas autorizaciones. Eso no significa que nos vayan a decir que no y que la vayan a bloquear”, afirmó el ministro.

La discusión se produce justo un día antes de un acto que Arlía junto a los otros dos ministros kirchneristas de la provincia, Gustavo Arrieta y Cristina Alvarez planean hacer en el teatro Atenas en respaldo a Cristina. Un acto al que el propio Scioli dejó trascender que podría ir, como un gesto de acercamiento a la Casa Rosada en medio de la tensión.