A ocho días de haber ingresado al Senado, el kirchnerismo aprobó 16 de los 17 pliegos para subrogar los juzgados del fuero Civil y Comercial de Capital Federal, que tramita los amparos de Clarín sobre la ley de medios.

El polémico listado incluye a ex funcionarios del Gobierno nacional y a un abogado de Hebe de Bonafini, arribó el miércoles de la semana pasada al Senado y el jueves fue aprobado en la Comisión de Acuerdos.

Se trató del primer acuerdo para cubrir conjueces según la ley de 2008, que fijó un mecanismo para cubrir las vacancias en casos de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento para los jueces de primera instancia, nacionales o federales.

La norma establece que en caso de no ser cubierto con el juez de igual competencia de la misma jurisdicción, se hará mediante un sorteo en la lista de conjueces previamente seleccionadas por el Poder Ejecutivo nacional.

A cuatro años de la sanción, fue la primera vez que el Gobierno envía un listado y lo hace justamente para cubrir las vacancias del fuero que tramita la causa de Clarín. Hay otras 23 listas de conjueces de otros fueros que nunca llegaron. 

“Nunca habían designado un juez para sentencia por sorteo manual. Siempre se hacía por sorteo informático. Las únicas que se hizo fue con (Edmundo) Carbone, que le dio la cautelar (a Clarín); y (Raúl) Tettamanti, que le iba a dar la sentencia”, denunció tras la sesión Marcelo Fuentes, uno de los principales portavoces de Cristina en el Senado.

Tettamante fue recusado por el Gobierno y renunció al juzgado. También fue denunciado Ricardo Recondo, miembro del Consejo de la Magistratura, acusado de patrocinar estos sorteos. Y luego vino este envío de conjueces para cubrir vacantes.

Pero el debate pasó por la celeridad con la que realizó el trámite, que pasó por alto el mecanismo de audiencia pública y promoción de los pliegos previstos en el reglamento del Senado para el nombramiento de magistrados, jueces y conjueces de la Corte.

“En ningún momento se habla de estos requisitos para los conjueces de juzgados de primera instancia”, repitió una y otra vez Marcelo Guinle, el chubutense que preside hace años la Comisión de Acuerdos.

La UCR se ampara en que el artículo 23, que establece el protocolo para la citación de acuerdos y no hace distinción entre los magistrados a seleccionar.

“La Cámara será citada especialmente a sesión de acuerdos por resolución de la Presidencia, y mediante cédula firmada por el secretario del Senado. La Presidencia lo hará saber, en cada caso, al ministro que corresponda”, dice ese apartado.

Cita también el caso Rozas, un fallo de la corte suprema en el que no se fijan distinciones para jueces y conjueces en su procedimiento de selección.

“Resulta imposible sostener que sólo es posible seguir el procedimiento establecido en la Constitución en caso de designaciones definitivas, en tanto las transitorias quedarían salvadas mediante el régimen de subrogaciones”, dice uno de los párrafos del fallo.

El más enfurecido fue Gerardo Morales. “No intervino el Consejo de la Magistratura. No se aplicó el principio de que tiene que ser nombrados por concurso”, se indignó.

El jujeño adelantó que el radicalismo, que intentó sin éxito impugnar la sesión, seguirá la batalla judicial. “Donde les toque el sorteo vamos a ir a impugnarlo. El proceso va a estar viciado porque no reúne los requisitos del artículo 22 del reglamento”, adelantó.

En diálogo con LPO, el radical Manuel Cimadevilla, miembro del Consejo de la Magistratura, alertó también sobre posibles deslegitimación a las sentencias de estos magistrados, un preludio de lo que podría ser el próximo capítulo de la pelea de Clarín con el Gobierno.

“Al no haber selección de ternas para dar acuerdo, lo que hicimos fue dar un acuerdo para que venga cualquiera y plantee la inconstitucionalidad de la ley. Si eventualmente algunos de esos jueces dicta sentencias puede ser que se plantee la nulidad”, adelantó.

Rodríguez Saá volvió a pedir estár al margen de la pelea con Clarín. “No me ponga a mí ni a nuestro bloque en ningún bando”, aseguró el legislador puntano al hacer uso de la palabra, para luego fustigar al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, al que tildó como el “padre de la democracia conspirativa”, pidió. 

Quienes son los nuevos jueces

La lista de 16 magistrados llegó al Senado hace una semana pero algunos currículum dieron que hablar.

Eduardo Fachal fue abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Ricardo Peyrano fue letrado del INAES y Adolfo María Ojea Quintana fue subsecretario de Cooperación Internacional del ex canciller Jorge Taiana.

Gerardo Morales se indignó por algunos casos que pudo constatar. Denunció que Gabriel Claudio Chamorro trabajó para la ex diputada Paula Merchat, que estuvo en Libres del Sur pero este año, ya sin banca, volvió a acercarse al Gobierno. Y vinculó a La Cámpora a Federico Serrano y Carlos Arias.

Como se trata de un sorteo en caso de vacancia, la especulación es que los nombres elegidos fueron en su totalidad abogados cercanos al Gobierno. “¡Nos dieron currículum de una carilla. Chicos de 35 años!”, se indignó el jujeño.

La lista de nombres a tratar está integrada por Ricardo Peyrano, Eduardo Antonio Fachal, Gabriel Claudio Chamorro, Antonio Ireneo Rojas Salinas, Adolfo María Ojea Quintana, Carlos María Cárcova, Lucrecia Ana Decotto, Javier Alejandro Rodiño, Federico Guillermo Serrano, Gustavo César lvarez, Alberto Ricardo Aparicio, Carlos Martín Arias, Héctor Jorge Rodríguez, Rubén Carlos Sartirana, Iván Ernesto Garbarino y Paula Feldman.